El gobierno se apresta a celebrar su estrategia jurídica, diseñada para lograr que los indultos queden sin posibilidad de impugnación. Esto, aunque los delincuentes beneficiados no calificaran para que el Presidente les otorgara la libertad: son reincidentes, ya habían recibido el beneficio, o los delitos cometidos durante el “estallido social” son comunes y no se justifican por ideas políticas.
No se necesita ser abogado para comprender que hay una falsa aplicación de la ley; que se ha actuado contra su letra y espíritu; que se han vulnerado garantías constitucionales esenciales relativas a la vida, a la integridad física y psíquica, y al ya devastado derecho a la seguridad. La obcecación de cumplir una “promesa de campaña”, el compromiso con el PC y grupos anárquicos que hoy están en el poder, mostró cuál es el carácter del jefe de Estado: ha decidido actuar por convicciones políticas personales; quiere refundar el Estado; quiere para Chile lo que fue rechazado en el plebiscito se septiembre pasado.
Pero, como decíamos, se avizora el triunfo del Presidente, pues la defensa jurídica de los indultos, aunque viciados, será exitosa. Así ocurrirá porque las estrategias de los acusadores para atacarlos han sido equivocadas por falta de coordinación entre los juristas de distintos partidos políticos, al punto que se contraponen unas a otras y se destruyen entre sí. Una mala estrategia -aunque tenga en el fondo la razón- sucumbe ante una hábil defensa, aunque esta no tenga la razón. Y los jueces no “arreglan” malas estrategias.
Explicado en términos que no sean técnicos, la derecha impugnó los indultos por cuatro vías. Primero, le pidió al propio Presidente que los dejara sin efecto, por ser superior jerárquico de la ex ministra de Justicia que firmó los decretos. Las razones fueron de carácter legal: cometió errores respecto a quienes no podían ser indultados porque la ley lo prohíbe. Luego, se recurrió a la Contraloría para que anulara los mismos decretos y por las mismas razones. Simultáneamente, se presentó una acusación constitucional, hoy rechazada. Y, finalmente, se le pide al Tribunal Constitucional que invalide los indultos, en realidad, por los mismos errores legales. Entonces, siendo todas las argumentaciones jurídicas referidas a la “legalidad” de los indultos, los cuatro recursos se hacen inútiles. En efecto, el Presidente iba a esperar lo que dijera la Contraloría. Pero esta, por mandato de la ley, no puede intervenir cuando existe un juicio pendiente. La acusación constitucional ya se rechazó y el único juicio que subsiste -ante el TC- puede que se desestime por tratarse de un tema de legalidad reconocido por los atacantes en todos los otros recursos, y no de constitucionalidad.
Si el TC rechaza el recurso, se acaba la discusión. El Presidente habrá triunfado personalmente. Pero la sociedad, que espera que la máxima autoridad defienda sus derechos y le garantice seguridad, habrá recibido la mayor ofensa. El triunfo personal se transformará en un fracaso social.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
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