Los chilenos hemos aprendido que el modelo de sociedad que construimos en los últimos 40 años está reconociendo cambios muy importantes. La responsabilidad, por ejemplo, en la satisfacción de los intereses sociales, está dando paso a la concepción de un Estado más fuerte y participativo en las actividades económicas que propenden a ello. Esto significa que el concepto de Estado subsidiario, en que los intereses sociales son principalmente encomendados a gestores privados, experimentará importantes cambios.
La empresa privada, que ha sido el principal motor de desarrollo, viene siendo objeto de reproches hace tiempo. Si bien se le reconoce eficiencia y una gran contribución al bienestar de las personas, también es posible percibir un importante grado de desconfianza hacia ella. Lo anterior, porque siendo el lucro una legítima aspiración, se le percibe como el único o más importante objetivo perseguido. Y ello es delicado cuando se trata de intereses sociales.
En materia de salud, por ejemplo, las Isapres han sido castigadas -quizás injustamente- durante los últimos años porque las personas rechazan las alzas de planes. De nada ha servido responder y explicar que esos aumentos se justifican en variables objetivas incontestables, como el alza de insumos, la inflación y otras similares. Y la razón, probablemente la más simple, es que las personas juzgan que la salud “no es un negocio”. Y la evidencia demuestra que puede serlo en la medida que las personas se sientan atendidas oportuna y eficientemente.
En materia de pensiones, estamos asistiendo a una profunda reforma. Se considera que los propietarios y administradores de esta industria de Administradoras de Fondos de Pensiones han recibido grandes beneficios, mientras los pensionados jubilan con sumas magras, que hacen muy difícil su digna subsistencia en la vejez. No constituye argumento para desafiar esta percepción el que esas administradoras hayan cumplido diligentemente su labor y que los ahorros de los trabajadores se hayan multiplicado muchas veces.
Estos dos sencillos ejemplos demuestran que cambió el contenido del llamado orden social deseable. Este consiste en la organización que se dan las sociedades para que el Estado y los particulares converjan en mecanismos para satisfacer las necesidades e intereses generales. Y eso es un cambio de paradigma muy profundo. El Estado subsidiario hace lugar a un Estado social de derechos. La amplia libertad para desarrollar actividades económicas se mantendrá, y será eficiente y productiva, pero entre sus reglas de funcionamiento ocupará un lugar prioritario la sostenibilidad, la autorregulación y la ética empresarial.
En mi experiencia, esta nueva cultura ya está instalada y funcionando en muchas industrias y compañías que están participando con genuina y leal convicción de que el objetivo de contribuir al bienestar les pide una mayor participación.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
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