Columna de Álvaro Ortúzar: ¿Estado social o individualismo?

Si algo caracterizó la propuesta de Constitución presentada por la Convención fue el intento de sojuzgar a las personas y someterlas a los designios del Estado. Éste tomaría el control de sus más importantes decisiones en aquello que constituye esencialmente su bienestar y su desarrollo. Es decir, se proponía un menoscabo a la dignidad y a la libertad.

El actual proyecto reconoce que el Estado de Chile es social y democrático de derecho y su finalidad es promover el bien común. No se extravía en el alcance de este principio. Siendo fundamental el cuidado del bien común, su consecución no depende únicamente del Estado, sino que reconoce a las personas el derecho de contribuir a dicho objetivo. Existirá la obligación de promover la realización de la justicia y la solidaridad, que son atributos principales de toda nación democrática, pero a su turno, el Estado quedará obligado a garantizar el respeto a los derechos individuales sin obstaculizarlos. La dignidad humana es inviolable y es la base del derecho y la justicia.

La preeminencia de la persona, y la servicialidad del Estado no son la cúspide del individualismo. Así como los derechos y garantías son atributos de las personas, y el Estado está obligado a protegerlos, no por eso se descuida el interés general. Su mayor expresión se encuentra en la igualdad y la no discriminación, el acceso igualitario a la justicia, el derecho a la salud en condiciones de trato igualitario, el derecho a la educación junto con el resguardo al interés superior de los niños, el derecho a vivir en un medioambiente sano y libre de contaminación, la privación del dominio por exigirlo el interés general. Todos estos son derechos sociales, pertenecen a la colectividad, son obligaciones que exigen el respecto y sumisión por parte del Estado y de los individuos. Puede decirse que el principio del Estado social y democrático de derecho no consiste en una aspiración ideal, sino concreta, exigible y determinada por la Constitución.

Cuando se critica el proyecto como la profundización del modelo neoliberal, reñido con el interés social -léase Isapres o Fondos de Pensiones- se ignora la compatibilidad entre el derecho a crearlas, con la obligación de que las mismas no pueden ser contrarias a la salud pública, al resguardo de las personas en materia de seguridad social y a las prestaciones básicas y uniformes para su consecución.

Creemos que el proyecto de Constitución es bueno para Chile. Si bien su rechazo confirmará la validez de la actual Carta Fundamental, no debe olvidarse, al momento de votar, que, si nuestro país ha sufrido parte de su retroceso económico e individual y ha aumentado la inseguridad y la corrupción, ello ha sido posible merced a los atropellos del Estado en la interpretación y aplicación de las normas que aquella establece. Cuando el Estado descuida a las personas, se abre el espacio para el abuso. Esta es una oportunidad para revitalizar los derechos individuales y las facultades y prohibiciones al Estado.

Por Álvaro Ortúzar, abogado