Columna de Álvaro Ortúzar: Hacia un nuevo Orden Público Económico

Los grandes conceptos presidirán las discusiones constitucionales en los próximos meses: el de Estado Social de Derechos y el de Orden Público Económico.

El primero apunta a la organización de la sociedad en aras de alcanzar la mayor satisfacción de los derechos de las personas, como salud, educación, pensiones, trabajo, vivienda, derechos e intereses que, hoy en día, se extienden a la protección del medio ambiente, el agua, los bienes comunes, la participación de las comunidades, la consulta indígena, etc.

Como se advierte, este nuevo pacto social obliga a los constituyentes a asegurar equilibradamente los derechos del Estado como primer obligado a alcanzarlos, con los derechos de los particulares para participar en este objetivo esencial. Es probable que el Estado reclame el reforzamiento de sus poderes y mayor preponderancia que la de los actores privados. Es probable, también, que busque mayores facultades reguladoras para cumplir sus obligaciones e intentar restringir el derecho de los particulares a satisfacer las necesidades sociales.

Indudablemente, el equilibrio es delicado y en muchos aspectos muy fino y hasta frágil si no se hace bien. Ello, porque si se pierde de vista que la mayoría, si no todos los derechos sociales, requieren inversión y desarrollo económico.

Es en esta etapa del trabajo que los constituyentes deberán abocarse a precisar el nuevo Orden Público Económico, que, como enseña el profesor José Luis Cea, consiste en un conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía del país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional. Ello implica asegurar el derecho de los particulares para desarrollar actividades económicas, la no discriminación del Estado cuando dichas actividades son realizadas en conformidad a las leyes, el derecho de propiedad, el derecho a que no se establezcan impuestos desproporcionados, la igualdad ante la ley, entre otros.

También deberá prevenirse que el Estado no abuse de sus derechos y que no entienda que en cumplimiento de sus obligaciones ante la sociedad está autorizado para restringir o perturbar los derechos de los particulares. Lo esencial es que ambos converjan hacia el mismo objetivo. Para ello, deberán existir garantías de que, frente a cualquier abuso, los particulares puedan, de manera efectiva, resguardar sus derechos mediante recursos eficientes y oportunos. Debe prestarse especial atención al Recurso de Protección, el de Amparo Económico, el Tribunal Constitucional, el de Libre Competencia, Contraloría.

Un arduo trabajo, sin duda. Pero se alcanzará si ambos motores del desarrollo, el Estado y los particulares, tienen claros sus derechos y obligaciones. Y más esencial aún es que en su ejercicio respeten y comprendan que el objetivo es la satisfacción de la sociedad y sus necesidades.

Por Álvaro Ortúzar, abogado