No habrá más encuentros de empresarios con ministros de Estado, diputados y senadores, o presidentes de partidos políticos. Terminaron abruptamente, como ocurre con situaciones en que alguien - más aún con cuotas de poder- es sorprendido en conversaciones que se juzgan clandestinas, sospechosas e ilegales. Además, no se trataba de cualquier encuentro, ni menos casual, sino que derechamente de reuniones privadas organizadas por grupos de interés y autoridades. Estas últimas, desprevenidas frente al hecho que se hubiesen develado las reuniones con cierto escándalo, aparecieron ante la opinión pública excusándose con explicaciones a veces inverosímiles. El Presidente, en una primera fogosa intervención -evocadora del padre Hurtado-, sostuvo que era necesario “dialogar hasta que duela”. Luego, sin embargo, los ministros fueron desautorizados, imponiéndose nuestro clásico estilo de actuar y después pensar.
Revisando el asunto, uno se da cuenta de tres cosas más o menos simultáneas, que por obvias se olvidan: primero, que las conversaciones se daban al más alto nivel gubernamental; segundo, que las contrapartes resultan ser relevantes empresarios -nacionales o extranjeros-, que invierten o podrían invertir en Chile; y tercero, que el Presidente debe de haber estimulado que sus ministros tomaran contacto con el mundo empresarial. Por ello, es dable preguntarse si los asistentes tenían un encargo que cumplir y si era o no razonable que los encuentros fuesen privados. Respecto a lo primero, no caben dudas, pues el gobierno ha colocado en el eje de los temas urgentes a enfrentar el problema del crecimiento económico, hoy en día estancado, burocratizado y desafiado por fuerzas políticas ideologizadas. Respecto a lo segundo, no es de extrañar que las autoridades y los propios empresarios quisieran mantener reuniones reservadas para hablar de ello, para pensar en conjunto cómo hacer crecer a Chile. Especialmente, con ese objeto, se trataría de que los empresarios comprendieran aspectos del programa de gobierno que responden a principios razonables de responsabilidad social, y las autoridades, a su vez, entendieran que hay formas de alcanzarlos con reglas de excelencia y colaboración empresarial. Quizás se concordó en que no podía haber inversión sin seguridad física, -léase agricultores y forestales asediados por el terrorismo-, y sin seguridad jurídica, por los innumerables proyectos paralizados a la espera de decisiones ambientales o políticas. Tal vez, en los temas generales, se habló del deterioro de la convivencia, de la imposición de ideas que solo se satisfacen con el perjuicio del otro, de la desconfianza. Entre nosotros, hay grupos de poder político que impulsan estos extremos.
Eran conversaciones importantes. ¿No sería posible que se juntaran en otra parte y prosiguieran pensando en Chile? Y ojalá reservadamente.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
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