Por Álvaro Ortúzar, abogado
El artículo 9 de la Constitución vigente señala textualmente: “El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos”. Esta norma desaparece en el proyecto de nueva Constitución. En el futuro se regiría, de existir esta figura, por leyes de simple mayoría; es decir, reglas de oportunidad política y tal vez de fingido idealismo. El terrorismo se esconde precisamente bajo esas consignas de reivindicación, de aplastamiento, de pueblos marginados y despojados de sus derechos. En su nombre se sienten autorizados para organizarse, proveerse de armas y financiarse por medio del narcotráfico y el robo.
En el otro lado, muchas personas que no son parte en la vindicta son afectadas en sus derechos esenciales, en su vida, su integridad física y psíquica, sus bienes, sus familias. Los inocentes pasan a ser los caídos en esta guerra.
El Estado entonces debe optar: o acude al Estado de Derecho para capturar y sancionar a quienes delinquen gravemente, protegiendo así a las personas, o sucumbe a sus exigencias y las satisface. Por lo visto, las actuales autoridades han tomado esta última opción.
No es que les falte coraje para repeler el terrorismo. El problema es peor, porque creen que no lo hay. Consideran que los actos criminales responden a ideas políticas. Los detenidos por graves delitos desde el 18 de octubre de 2019 son considerados presos políticos. Así lo dijo la ministra de Desarrollo Social (luego fue obligada a retractarse). Y la ministra del Interior sostiene que con los agresores de La Araucanía hay que dialogar porque reclaman derechos legítimos.
Tres hechos recientes demuestran que el gobierno no desea imponerse al extremismo.
Uno: el 12 de mayo, Héctor Llaitul, de la CAM, llamó a la resistencia armada, hizo apología del terrorismo y declaró la guerra al gobierno por no aceptar sus demandas. Otros lonkos hicieron lo propio. El subsecretario del Interior respondió que no se querellará.
Dos: frente a atentados contra personas inocentes, incendios, robos y saqueos, el 16 de mayo el Presidente dictó un decreto que declara estado de excepción en La Araucanía. Pero lo focaliza en rutas y caminos. El decreto, paradojalmente, se funda específicamente en el paro de los camioneros que cortaron vías para exigir seguridad frente al terrorismo que viola los derechos humanos.
Tres: el 17 de mayo pasado el Ministerio del Interior publicó el plan del “Buen Vivir”. Expone que su fin es reconocer una deuda centenaria con La Araucanía, la restitución de las tierras reclamadas, la instalación de autoridades indígenas propias y un Parlamento territorial. A conseguir estos fines se destinarán 400 mil millones de pesos, más otros 75 mil millones a Conadi. Este será el “Buen Vivir”. Ni siquiera el Ministerio para la Suprema Felicidad instaurado el 2003 en Venezuela llegó a este extremo.
Chile tiene nuevos dueños: son los que declaran la guerra al país y tienen asegurado un buen vivir.
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