A mediados del año 2017, los medios informaron que el Partido Comunista vendió cerca de 100 inmuebles en un precio de $3.500 millones a un comprador de sus propias filas que -con desfachatez- reconoció que no tenía patrimonio y que había actuado prácticamente sin conocer la operación. Esta información fue relatada por La Tercera en varias publicaciones, entre ellas, el 17 de mayo de ese año. Se consignó en la noticia que el verdadero valor comercial de los bienes raíces adquiridos era cercano a los $9.000 millones; es decir, se alteró el precio de mercado escandalosamente. Los contratos tenían como objetivo transferir bienes al propio PC con el objeto de vulnerar la Ley de Partidos Políticos.
Cualquier persona común, que actúa como vendedor a estos valores groseramente desproporcionados, se sentiría defraudado y gravemente perjudicado. Pero acá, a la luz del día, vendedor y comprador acordaron una operación tan ilícita, que cabría decir de ella que era simulada, fraudulenta, y que encubría una lesión enorme y una elusión tributaria, a lo menos. La decisión tomada en conciencia fue la de vulnerar el orden público chileno, despreciando lo que a todas las demás personas les habría sido exigido, y que, de haberse ejecutado por éstas, merecería duras sanciones civiles y penales. La operación daba para una serie televisiva de intriga, suspenso y fraude, basada en hechos reales.
Unos años después, podríamos estar ante la segunda temporada de la serie. En el caso Sierra Bella y con el férreo apoyo del PC, la alcaldesa de Santiago pretendió actuar con el mismo patrón. Desplegó una conducta antijurídica destinada a adquirir un bien raíz que valía $3.000 millones en $8.200 millones; es decir, una alteración a casi un triple del precio de mercado. Pero su esfuerzo extraordinario por consumar un contrato de compraventa de tal modo irracional y contrario al ordenamiento jurídico encontró, esta vez, una muralla infranqueable: la de la Contraloría, que dictaminó que no era posible pagar por un bien raíz un valor absolutamente fuera de mercado. Y la gran prueba era que el vendedor, que se haría millonario, apenas un par de meses antes ofrecía públicamente la misma propiedad en un tercio del valor que la alcaldesa estaba dispuesta a pagar. ¿Y qué hizo el PC? No solo “blindó” -como se dice hoy en día- a la alcaldesa, respaldándola en su decisión, sino que castigó a su asesor jurídico también del PC sin imputarle ningún ilícito, sino haciendo recaer en él una responsabilidad política. Pero no es todo, la estrategia siguiente ha sido la de culpar a los tasadores, presentándolos como los grandes responsables de calcular precios irrisorios y viles.
Faltan capítulos por mirar. Respecto a esos tasadores caben, al menos, tres posibles interpretaciones: o fueron instruidos para subir el valor de los bienes, hicieron su trabajo sin responsabilidad profesional, o son inocentes.
El nombre de la serie, por si alguien se interesa, es “Los Inverecundos”.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
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