¡Qué espectáculo tan odioso! La situación de los convenios por medio de los cuales se ha burlado la fe pública es, en verdad, tóxico a estas alturas. Y por si fuera poco, el enredo jurídico es mayúsculo. La Fundación “Democracia Viva” fue receptora de $426 millones, y es un hecho que no los destinó a los fines sociales que justificaban el aporte del Estado y a los cuales la Fundación se obligó. Por ello -y obviamente luego de que fue develado- el Ministerio de Vivienda decidió poner fin al convenio y exigir la devolución del dinero no empleado en un breve plazo de 30 días. La Fundación ha impugnado esta decisión tildándola de unilateral, arbitraria e inconstitucional. Alega que no existió un debido proceso, garantía que asiste a toda persona y que el Ministerio sencillamente pasó a llevar. Alega -¡otra sorpresa!- que mensualmente rindió cuentas a la Seremi de Antofagasta desde el inicio de sus actividades en octubre de 2022 y hasta mayo de 2003 y que esas rendiciones fueron observadas por la autoridad, pero nunca resueltas. Quedaron en el aire. Entonces, dice, no se le puede exigir la devolución de dineros sin siquiera haberse revisado las cuentas y, menos, sin respetarse el principio de contrariedad establecido en la ley. Lo que quiere decir es que se la juzgó por la autoridad sin haber podido defenderse y que ésta ha actuado movida por una situación de contingencia, que no es otra que el repudio público a su propia negligencia.
Como se ve, el escándalo de los convenios pasó a un plano jurídico, fundado en el sencillo pero fuerte principio de que aún los más frescos, sinvergüenzas y rufianes tienen derecho a defensa. Y a ataque, si fuere del caso. Por lo anterior, veremos lo que casi siempre ocurre: los problemas van a terminar, además de en los juzgados penales, en juicios civiles y constitucionales. Resulta que el convenio no contó con boletas de garantía para asegurar su cumplimiento o la devolución del dinero. El Consejo de Defensa del Estado debió ir a un juzgado a pedir una medida precautoria que retenga los fondos, siempre que estén. El Ministerio o la Seremi, a su turno, han querido hacerse justicia por su propia mano -manu militari- y podrían ser objeto de un recurso de protección por falta de un justo juicio. Además, ya existe un recurso de reposición administrativa por resolverse.
Es cierto, acá podrán aparecer rufianes. Pero el Estado ha demostrado una ineficiencia brutal. Traspasó fondos como si fueran una donación de libre disposición, sin tomar los mínimos resguardos. En este escándalo el primero que ha sido pillado es el propio acusador, gracias a cuya inexcusable incuria un grupo de predadores políticos se ha hecho de dineros fiscales. El Estado ha manejado el patrimonio fiscal, del que no es dueño, con el cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta conducta es la que se conoce como culpa grave, y se asemeja al dolo.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
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