Un asesor comunicacional del Presidente ha comentado que su discurso conmemorativo del 18-O constituye un mea culpa nunca antes visto en una autoridad de ese rango.
Sin embargo, no es así. En realidad, partió por decir que él y su sector (PC, Frente Amplio y otros) interpretan las protestas ciudadanas como un deseo refundacional del país, particularmente en lo económico y político. Se lee en el discurso que el rechazo del intento constitucional en septiembre no altera su visión reformista. Y cuando se refiere a la violencia, alentada entre otros por actuales personeros de gobierno, se desentendió absolutamente de su responsabilidad, no obstante tenerla sin discusión antes, durante y después del “estallido”. A continuación, acusó a quienes intentaron contener dicha violencia -las policías- de ser responsables de violaciones a los derechos humanos, mutilaciones oculares y abusos sexuales. Entonces, ¿qué clase de mea culpa hizo el Presidente? Intentó situarse en un plano elevado y distante (en eso el discurso está bien escrito), pero ignoró la realidad que hoy experimenta el país, el miedo de la población, y la destrucción que desde hace tres años viene asolando a Chile de norte a sur, infringiendo daño personal y patrimonial a las personas. ¿O el alcalde Jadue, del Partido Comunista que lo apoya, no acaba de legitimar esa violencia? ¿No ha hecho lo mismo constantemente el presidente de este partido?
Entonces, la acusación contra las policías, ¿cómo debe entenderse? ¿Acaso envuelve una solapada justificación de la violencia de “reprimidos” contra “represores”? ¿No insinúa que los alzamientos violentistas obedecieron, de alguna manera, a una reacción contra los abusos de la autoridad policial, que castigaba con violación a los DDHH, mutilaciones y abusos sexuales a quienes reclamaban por la desigualdad, la pobreza, y la insatisfacción de las necesidades sociales exigidas por una mayoría de chilenos?
En otro aspecto del discurso, se refirió al rechazo del proyecto constitucional. Se lee que continúa creyendo en la refundación de Chile. La llama su proyecto reformista. Es cierto, la propuesta de la Convención y el programa de gobierno apuntan a lo mismo: la obtención del máximo poder por el Estado. Es decir, llegar a detentar el control político y económico del país, subordinando a las personas a sus dictámenes y administrando sus derechos básicos en base a la voluntad y planificación del Estado. Por el momento, lo está ejecutando a través de la asfixia de ciertas actividades económicas, como las ligadas a la salud y a la construcción, y al freno de las inversiones nacionales por la incertidumbre jurídica, y extranjeras, con el caso del TPP11.
Es posible pensar que el Presidente no cambiará, pero sí podemos abrigar la esperanza de que pronto se redactará un nuevo texto constitucional que sentará las bases para que Chile vuelva a ser un país en paz, que retome su senda de crecimiento, y al mismo tiempo vea satisfechas sus necesidades. Y a ese texto el gobierno quedará obligado.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
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