Columna de Álvaro Ortúzar: ¡Ni un paso atrás!

Por Álvaro Ortúzar, abogado

Durante un año y medio la Convención Constitucional sometió al país al peligro de ser desintegrado como República, de verse despojado de toda identidad, de que sus derechos personales serían meras declaraciones frente un Estado aplastante y con poderes ilimitados.

Dado que una mayoría indesafiable de chilenos repudió el intento, es importante preguntarse en qué situación han quedado los derechos de los particulares y las obligaciones del Estado en este tiempo que pasará hasta que exista una nueva Constitución. Igualmente, cabe reflexionar sobre aquello que se ha aprendido tras el llamado “estallido social” -pésima designación que incluye aspiraciones legítimas con vandalismo permanente-.

Sobre lo primero, debe recordarse que los derechos humanos que hoy son exigibles y que se quisieron desnaturalizar por la vía de otorgar al Estado su total control, rigen íntegramente. La igualdad ante la ley, la no existencia de personas o grupos privilegiados, la plena independencia del Poder Judicial, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la libertad de enseñanza, la libertad de opinión, de trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a desarrollar actividades económicas con participación del Estado previa autorización de la ley, y el derecho de propiedad -en lo esencial-, conforman la base institucional desde la cual puede y debe garantizarse el desarrollo y bienestar de las personas.

Como contrapartida de estos derechos, es deber del Estado darles protección, ponerse al servicio de las personas y crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos humanos.

Esto es lo que hoy protege, garantiza y obliga al Estado. Los particulares, en tanto, también son sujetos compelidos a cumplir lo que la Constitución ordena, como el respeto al medioambiente, el respeto a los derechos de los trabajadores, el derecho a la seguridad social, a la libre competencia y prohibición de abusar en los mercados, por mencionar solo algunos.

La gran e inmediata tarea es darle a estos derechos y obligaciones el mayor contenido que los tiempos actuales demandan, de modo que se cumpla el anhelo de darle a las personas mejores posibilidades de alcanzar una vida digna, un trabajo digno, salud, educación y pensiones.

Esta es la Constitución vigente. “¡Ni un paso atrás!”, sin referencias a Stalin, sino al líder colombiano Carlos Galán Sarmiento, que luchó por detener los devastadores ideologismos de la izquierda, la descomposición de los partidos y la ineficiencia del Estado ante los derechos de las personas.