El Congreso -encargado de determinar el curso del proceso constitucional- ha entendido que su mandato es el de proponer el mecanismo para que nuestro país tenga una nueva Constitución. ¿Es razonable que este proceso se lleve a cabo desde la llamada “hoja en blanco”?
Nuestra opinión es la siguiente: la actual Constitución cuenta con 42 años de ejecución práctica desde su promulgación y cerca de 50 modificaciones y modernizaciones a su texto original. Ella se sustenta en principios básicos como la separación de los poderes del Estado, de modo que exista entre ellos el respeto a su autoridad y al mismo tiempo el control de sus funciones; el principio de la preeminencia del interés social por sobre el particular; el principio de la libertad para desarrollar todas las actividades que miren tanto al interés privado como a la satisfacción de las necesidades sociales; y el respeto a los derechos humanos.
Evidentemente, muchas cosas fallaron en la ejecución de este diseño institucional, y terminó por defraudar a gran parte de la ciudadanía. En esencia, las instituciones públicas y privadas no estaban satisfaciendo las necesidades sociales. Esto se tradujo en que la página en blanco para ofrecer un mejor pacto social se transformó en una profunda refundación del rol del Estado, quien, para satisfacer dichas necesidades, tomaría bajo su poder el desarrollo de las actividades económicas, e impondría una preponderante e incontestable autoridad estatal. También se limitaría la independencia del Poder Judicial, se extinguirían las facultades revisoras del Senado y Chile pasaría a ser una unidad de diversas naciones.
La manifestación soberana de la ciudadanía fue la de rechazar este nuevo modelo. ¿Corresponde entonces incluir las ideas de la propuesta fracasada? ¿Significa esto una segunda chance para plantear un paradigma desintegrador de la actual organización institucional? Si así fuera, la discusión sería la misma: un Estado autoritario y dotado de fuertes poderes o uno que asegure el cumplimiento de los fines sociales que la Constitución garantiza a las personas con plena participación de los actores privados.
Para que la segunda opción sea la aceptable, debe entenderse que la actuación subsidiaria del Estado no es una carta blanca a la actividad del sector privado para privilegiar el lucro por sobre la satisfacción de los derechos sociales. Lo que ocurrió en Chile -y desencadenó expresiones de rechazo y sentimientos de abusos que explican el llamado “estallido” de octubre del año 2019- es un llamado a asegurar que los derechos de las personas serán eficazmente alcanzados.
Para lograr este objetivo no es necesario destruir las instituciones encandilados por el sueño del cantante.
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