En medio de una catástrofe sin precedentes, el gobierno se ha destacado por tres hechos. El primero es que, mientras la Unidad de Análisis y Diagnóstico de la Conaf revela que un porcentaje importante de los incendios causados en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía tienen su origen en hechos dolosos, intencionados y premeditados, la ministra del Interior reacciona sosteniendo que esta proporción es menor; que en vez de 41% de intencionalidad, a lo mejor es únicamente de 25%. Solo esta última cifra representa el doble de la superficie del Gran Santiago: 100 mil hectáreas arrasadas deliberadamente, sea por obra de organizaciones terroristas vinculadas a la CAM o por acción de otros grupos anárquicos. En estos incendios de naturaleza criminal han muerto 22 personas. El gobierno, en lugar de examinar su desempeño en la situación de catástrofe y sus efectos, polemiza para diluir su desempeño fundado en estadísticas.
En segundo lugar, apoyando a la principal encargada del combate contra esta enorme adversidad, el ministro de Justicia advirtió, en la edición del miércoles pasado en La Tercera, que “hay que tener cuidado con el concepto de dolo, porque requiere un estándar de prueba más exigente”, debiendo distinguirse entre lo que corresponde jurídicamente y lo que está en el debate público. Esta prevención es cierta en lo que toca a una precisión jurídica procesal. Pero confunde y no se entiende de qué modo el estándar de prueba y la distinción jurídica que propone el ministro podrían cambiar la responsabilidad de las autoridades en la contención del desastre. ¿El menor porcentaje de sentencias condenatorias aliviará al gobierno de las obligaciones que le caben? ¿Cambiará el hecho de que ha existido una falta de ayuda adecuada y oportuna? ¿Se sabrá menos acerca del origen de los incendios y de que se han producido casi al mismo tiempo y en las mismas zonas, con la intervención de grupos fanáticos que quieren causar -y lo logran- terror en la población? ¿Acaso 500 mil hectáreas arrasadas y 22 personas muertas no es suficiente para abrir de inmediato investigaciones sobre la falta de preparación del gobierno para hacer frente a ellas? La negativa de la ministra del Interior a aceptar estos hechos y las distinciones jurídicas aclaratorias sobre los procedimientos penales, solo inducen a temer que, si vuelve a repetirse una calamidad de esta naturaleza, la respuesta para proteger a la ciudadanía será la misma que ahora, es decir, incapacidad para responder oportuna y apropiadamente, defensas basadas en estadísticas y ausencia de planes para corregir las falencias existentes.
De gran preocupación es, en tercer lugar, que el Presidente de la República y el ministro de Agricultura aprovechen la catástrofe para promover políticas públicas encaminadas a restringir la actividad privada y la imposición de royalties a la industria forestal. Un mazazo de impertinencia, falta de oportunidad e ignorancia técnica en momentos de tragedia. Más todavía si desde la Corporación de la Madera y de cada empresa de la zona surgieron fundamentales aportes en resguardo de la población. Sin esta ayuda, y con la disminución de la capacidad de respuesta de las empresas privadas -como en el fondo se propugna por las máximas autoridades- la fatalidad habría podido ser mayor. Como se ve, polémicas incendiarias y acelerantes respecto de la inseguridad que vive nuestro país.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.