Columna de Álvaro Ortúzar: Una Convención temeraria

Por Álvaro Ortúzar, abogado

Estamos preocupados -y atemorizados- por el mal trabajo de los convencionales. Como un edificio defectuoso, amenaza ruina y destrucción de la República y de la unidad como país. ¿La razón? Se extravió de su obligación primordial: la protección del interés general de las personas.

Pensamos, en este sentido, que no se han visibilizado suficientemente temas graves que ponen en peligro nuestra convivencia. Veamos uno: en Chile existen diversos pueblos llamados originarios descendientes de culturas precolombinas y que han mantenido en el tiempo sus características culturales y su lengua. La Convención, sin embargo, no reconoce que eso es lo respetable. En cambio, pretende resaltar su condición de tal manera que pasarían a ser grupos privilegiados y con derechos discriminatorios respecto al resto de los ciudadanos. Si de lo que se trata es de reconocerles dignidad e identidad, sus derechos debieran ir en ese sentido. Pero existe una desproporción absoluta entre el debido reconocimiento y lo que se está plasmando en el proyecto de la Convención. Habrá un grupo separado y titular de derechos de tal envergadura que no puede menos que concluirse que más del 90% de los ciudadanos pasarían a ser de segunda clase, sin “escaños reservados” para la decisión de los asuntos más importantes que atañen al país. Si se tratare de justificar esta situación en la idea de defender a minorías ancestralmente desplazadas, ¿por qué no se incluye en los escaños a las personas en extrema pobreza, que en Chile son más de un millón y que siempre han existido? ¿Y a los muchos ignorados y carentes de toda voz? ¿O a todas las personas que reclaman derechos porque nadie se los respeta?

La verdad es que la Convención ha demostrado actuar con sumo descriterio. Así como se niega a reconocer, por ejemplo, el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales también es indiferente a la peligrosa exacerbación que producen las diferencias arbitrarias que generan resentimiento entre ciudadanos. Esta conducta está descrita en algunas leyes como imprudencia temeraria, es decir, un acto que produce un mal. Si es deliberado, hasta originaría responsabilidad jurídica de los autores.

Entonces, cabe preguntarse qué se esconde tras la creación de privilegios de unos chilenos sobre otros. Los escaños reservados, y las muchas decisiones que debieran mirar al interés general y no al de grupos en particular, han resultado en normas que deliberadamente desatienden la protección de ese interés. Son un artificio odioso. Ese artificio nace de un bloque político entre partidos de izquierda refundacional y representantes de pueblos originarios que hacen mal uso del cargo de convencionales. Ni unos ni otros, por muy unidos que estén, pueden apropiarse del interés general y someter a la nación a sus designios. Lo único que obtendrán es una injusta percepción de que los genuinos pueblos originarios quieren superponerse al resto de los ciudadanos con poderes extraordinarios. Peligrosa y temeraria percepción.