Creemos que esto se espera del trabajo de quienes propondrán su texto a la ciudadanía. Una Constitución fuerte en la protección de los derechos de las personas. Fuerte en anteponer estos derechos a los intereses del Estado. Fuerte en el resguardo de la seguridad de las personas. Fuerte en la igualdad ante la ley. Fuerte en la defensa de los derechos ciudadanos y en el castigo de los abusos del Estado. Fuerte en la independencia de los jueces. Fuerte en el respeto a la dignidad humana.
Muchos de estos derechos se han visto amenazados gravemente. El más reciente, y que nuestro país pudo conjurar, fue el peligro que significaba el proyecto de Constitución que quiso someter a las personas al imperio del poder político y que, además, dividía a la nación geográfica y racialmente, estableciendo privilegios arbitrarios para ciertos grupos.
El rechazo de ese plan, sin embargo, no ha sido obstáculo para que, tanto las personas y quienes crean trabajo y desarrollo, sufran la consciente dejación del Estado de sus deberes. El primero, de seguridad y protección. En el sur de Chile, no combate con decisión el terrorismo que asola y destruye, donde hay ya no el temor, sino la certeza de que cualquiera puede ser atacado, herido o muerto. En el norte, a regañadientes, ha permitido que militares custodien las fronteras, en una decisión insuficiente y tardía, cuando mafias de narcotraficantes ya diseminan su poder destructor.
Es ese mismo Estado el que ha designado funcionarios políticos en cargos fundamentales, que permite usurpaciones e impide proyectos con altos estándares en materias técnicas. Es este Estado el que, en estas y otras materias, ejerce un poder abusivo que redunda en un perjuicio para las personas. ¿Cuántos proyectos se han abandonado, cuántas empresas han quebrado en este corto lapso de gobierno? ¿Cuánta cesantía han acarreado? ¿Cuánta incerteza jurídica ha postergado grandes inversiones?
Los chilenos hemos aprendido que el modelo de sociedad que construimos en los últimos 40 años está reconociendo cambios muy importantes. Es cierto, se concibe un Estado más participativo en las actividades económicas que propenden a la satisfacción de los derechos sociales. Pero también hemos aprendido a no permitir que estos derechos puedan ser hegemonizados ni controlados por el mismo Estado ni sus gobernantes. ¿No es este el caso, por ejemplo, de la salud, donde el propósito final no es prevenir algún abuso sino minimizar las prestaciones privadas para llevarlas al Estado?
Entonces, el encargo que la ciudadanía ha formulado a los órganos que redactarán la nueva propuesta de Constitución, es que configuren un orden jurídico que refuerce las garantías de las personas y satisfagan sus derechos. Y, especialmente, que otorgue certeza de que el Estado no abusará de su poder para privarlos de ellos, amenazarlos o perturbarlos. Es decir, fuerte y libertaria.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
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