Columna de Álvaro Ortúzar: Usurpaciones, ¿un problema humanitario?

El gobierno manifiesta su adhesión ideológica al antiguo allendismo no solo en su invocación, sino en la imitación de las conductas más radicales y dañinas que caracterizaron a ese régimen. Partieron por el intento de destruir las instituciones de la República en la Convención Constitucional, de la que el país se libró con un apabullante rechazo. La gestión política del boricismo siguió adelante y ya que no pudieron reformar la Constitución, la incumplen. Solo tres ejemplos lo demuestran. En primer lugar, el vínculo y sumisión al Partido Comunista, cuya vocación revolucionaria e inconstitucional se reveló en la violencia octubrista de 2019. Luego, en la obstrucción sistemática de las inversiones por los servicios encargados de revisar y otorgar los permisos para la puesta en marcha y funcionamiento de industrias y emprendimientos, liderados por grupos ultramedioambientalistas, que vulneran el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas. Y, finalmente, el rasgo de mayor gravedad está constituido por el incumplimiento de las sentencias de desalojo dictadas por nuestros tribunales de justicia. En el gobierno de Allende, los fallos quedaban sin cumplir. En el actual ocurre lo mismo. Aquí nos detendremos.

En las tomas de terrenos privados, el desapego a la Constitución y a las garantías que esta establece es alarmante. Queda despreciado el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, el derecho a un debido proceso y la obligatoriedad de cumplir lo ordenado por la justicia, la no discriminación arbitraria en materia económica que debe dar el Estado y sus organismos, y el derecho a usar, gozar y disponer de sus bienes. Todas son letra muerta cuando se trata de avalar las usurpaciones y desacatar lo resuelto en repetidas sentencias. El Minvu, en un catastro de 2024, reveló un aumento de más de 30% de terrenos tomados desde que se inició el gobierno de Boric, tanto en La Región Metropolitana como en Valparaíso, Biobío y Antofagasta. En la mayoría de ellas se alojan inmigrantes irregulares y crimen organizado. La información oficial indica que actualmente existen 130 mil personas que habitan 1.432 campamentos. Al interior de estos lugares se han cometido crímenes abominables como la tortura y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda. En la toma de San Antonio, está acreditado que se trata de una verdadera urbanización, con calles y topografía, organización logística y comodidades, lo que muestra que existen inversionistas desconocidos que pusieron capital, desarrolladores de proyectos urbanísticos, maquinaria, empleados y obreros, sitios perfectamente demarcados y negocios inmobiliarios con escrituras y falsas inscripciones de dominio. Así actúa el crimen organizado. Pero, el ministro Montes ha calificado el problema de los desalojos, “ante nada, como humanitario”. De este modo, el fallo ordenando el desalojo no se cumple y el señor ministro, aunque el olor a pólvora de esos campamentos llegue hasta sus oficinas, vulnera la Constitución en perjuicio de la sociedad.

Por Álvaro Ortúzar, abogado