Chile no tenía para qué haberse embarcado en el largo proceso constitucional en que se encuentra. A estas alturas, ya está suficientemente claro para (casi) todos. Aunque, para ser francos, también lo estaba el 15 de noviembre de 2019. Para qué insistir. El país ha perdido cuatro años en esta “funcia”. La ciudadanía está harta. Las “urgencias sociales” siguen esperando solución, agravadas por una demora estéril. Entretanto, el gobierno gobierna poco y nada (tal vez sea de agradecer), la economía no crece (cosa que le importa poco al grupo en el poder), la violencia delictual se ha tomado los vecindarios y las calles, las corrupciones estallan aquí y allá (para defraudar si que hay sentido de urgencia), el sistema de salud privado se encuentra al borde del colapso, la educación pública va cada día a peor, ante el beneplácito y la mirada ideologizada de un puñado de funcionarios y de gremios cooptados por la izquierda radical, la pasión impositiva no amaina aunque se encubre bajo el manto de “pacto fiscal”. Para qué seguir.
En este contexto, el 17 de diciembre próximo corresponde concurrir a votar “A favor” o “En contra” del nuevo texto de Carta Magna propuesto por el Consejo Constitucional. En caso de que triunfe el sufragio favorable entrará en vigencia la nueva Ley Fundamental; si vence la alternativa contraria continuará rigiendo la actual, con todas las enmiendas de las que ha sido objeto. ¿Da lo mismo optar por una u otra? ¡No! No obstante, lo innecesario que ha sido todo este recorrido constituyente. Primero, porque la elección de la nueva concluye definitivamente la discusión sobre la supuesta ilegitimidad de la existente, debido a haber tenido su origen bajo un régimen político autoritario. De hecho, es este el motivo fundamental que diversos sectores esgrimieron por años -también en 2019- para exigir su sustitución. Segundo, porque su contenido es razonablemente bueno y ha sido generado democráticamente, por consejeros elegidos por voluntad popular ampliamente expresada en las urnas, luego de un establecimiento de “bordes” (límites) fijado por la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional y de la redacción de un documento de entrada realizada por “expertos”, seleccionados por diputados y senadores en ejercicio. Tercero, porque en lo esencial resguarda los principios que permitieron al país crecer y desarrollarse en convivencia pacífica durante cuatro décadas. Cuarto, porque estipula un quórum de 3/5 (60%) para realizar reformas, ofreciendo mayor estabilidad política que la actual, donde el quórum ha sido rebajado a 4/7 (57%). Quinto, porque, por lo mismo, es la mejor alternativa para dar por finalizado este larguísimo recorrido.
En fin, hay razones suficientemente poderosas para estar a favor de la nueva Constitución, incluso para quienes nunca estuvieron de acuerdo con cambiar la actual.
Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía
