Hace poco más de tres años un amplio sector del abanico de partidos políticos nacionales, “invitados” por la izquierda radical y azuzados por la violencia delictual, prometió una nueva Constitución a la ciudadanía, a ser realizada por una Convención. También comprometió -lo señalaba la ley- que, si el texto confeccionado se llegaba a rechazar en el plebiscito de salida, la Constitución actual quedaría plenamente vigente. Los hechos ya se conocen: la Convención existió y el proyecto constitucional fue mayoritariamente desestimado. Sin embargo, más allá de los nombres, cambios y resguardos, los partidos -desde la UDI al PC- han deshonrado sus palabras y embarcado al país en un nuevo proceso convencional, con la oferta, ¿cómo no?, de qué si la nueva redacción es desechada, regirá la imperante.
La Constitución puede ser reformada en el Congreso Nacional. Si se sigue estimando que ésta requiere modificaciones, debieran ocurrir en su sede. Ello sería coherente con lo pactado el 15 de noviembre de 2019 y con la institucionalidad jurídico-política de la Nación. ¡Pero, no!, la izquierda quiere nueva Carta Magna, sigue deseándola porque sus aires son refundacionales y para tal propósito reformar resultará siempre insuficiente. La figura de la Asamblea Constituyente es lo que necesita. Como la fuerza de la realidad no lo ha permitido hasta ahora, derrota electoral mediante, ha aceptado un acuerdo que no le resulta cómodo, aunque sí funcional, para avanzar en su itinerario revolucionario que sigue apuntando a mutaciones radicales. La centroderecha, ansiosa por “cerrar el proceso histórico”, se ha apurado a convenir en nombre de la moderación. En fin, se puede anticipar lo que va a ocurrir: la izquierda moverá el marco político-jurídico hacia su lado, tanto como pueda. Desde luego este segundo empeño no parte desde el mismo punto que el 15N, los límites ya se han corrido. Y, a la espera de un momento más propicio, insistirá pronto en transformarlo nuevamente de cara a continuar su proyecto ideológico de largo alcance. La propuesta estratégica consiste (Astaburuaga, Corvalán y Hargous: La Convención Constitucional: circo y máquina, 2022) en lo que Laclau y Mouffe (autores en quienes se inspira el FA) llaman una “radicalización de la democracia”: habrá “democracia mientras exista la posibilidad de un cuestionamiento ilimitado; pero esto equivale a decir que la democracia no es un sistema de valores y un sistema de organización social, sino una cierta inflexión, un cierto ‘debilitamiento’ del tipo de validez atribuible a cualquier organización y cualquier valor”.
La ruptura con la situación reinante hasta el 18/O es aquello que ha marcado el proceso constitucional entero. El afán refundacional ha conducido hasta la fecha a un intento de separación de la tradición constitucional chilena, así como de muchos aspectos que institucionalmente habían definido el Estado nacional, pero además a desechar aspectos culturales y morales esenciales. Continuará…
Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía
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