La instalación en Texas de rejas con alambres de púa en su límite sur, junto al despliegue de la policía estadual y la Guardia Nacional, ha sido noticia mundial durante los últimos días. La medida fue ordenada por el Gobernador del Estado, con el propósito de impedir el permanente flujo ilegal de inmigrantes desde territorio mexicano; decisión que justificó apelando a las facultades que le otorga la ley para responder a una “invasión extranjera”. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo federal ha reaccionado acudiendo al Tribunal Supremo para solicitar la revocación de la decisión texana. Esta historia continuará, pues se trata de una “noticia en desarrollo”. Los hechos, verificados en Estados Unidos de Norteamérica, para muchos “modelo de democracia” real, hacen pensar sobre el curso que seguirá el proceso inmigratorio descontrolado que experimenta Chile.
Mientras tanto, en suelos patrios sigue sin grandes cambios la entrada ilegal continua de extranjeros, principalmente por su frontera norte. Las repercusiones de este fenómeno son, a estas alturas, perceptibles a simple vista. Los espacios públicos de las ciudades dan cuenta de la vida indigente que aqueja a miles de ellos, no pocos instalados todo el día en plazas, calles y campamentos; del comercio ambulante irregular y, frecuentemente, insalubre que ejercen; de la proliferación de conductores en motocicletas (apenas funcionales), repartiendo pedidos comerciales o fungiendo de “motochorros”; del atestamiento de servicios públicos y centros de salud. En síntesis, por una parte, la nación ha sido incapaz de acoger debidamente su entrada, por esto, también de darles a todos las condiciones mínimas necesarias para llevar una vida digna. Por otra, tampoco ha resultado posible aprovechar la eventual contribución a la sociedad que cabría esperar de ellos. Más aún, crecientemente están constituyendo un problema objetivo para los connacionales. No obstante, lo señalado todavía no es lo peor: la participación de un grupo de inmigrantes en la comisión de actos delictivos se ha hecho evidente, particularmente actuando como miembros de bandas dedicadas al tráfico de drogas o participando en crímenes despiadados, antes inhabituales en el país.
Urge un verdadero control de la inmigración y su posterior asentamiento, así como la expulsión de quienes han “aprovechado la oportunidad” para venir a delinquir. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno al respecto? Como en tantas otras materias, más explicaciones que acciones efectivas. Aun así, se ha visto obligado a deportar a un puñado de personas, al tiempo que a resucitar la idea de construir una “zanja” fronteriza, que tanto denostaron en tiempos de campaña electoral. De proseguir el actual desbande migratorio, no faltará que pase mucho tiempo para que al país no le quede más alternativa que acudir a una “solución a la texana”.
Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía
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