En 2023 se cumplirán 50 años de los hechos acaecidos el 11 de septiembre de 1973, fecha que continúa generando profundas controversias y divisiones entre los chilenos. En ella se concretó un quiebre traumático de la convivencia entre compatriotas, como culminación de un proceso gradual de deterioro de la democracia y de la institucionalidad entonces vigente. Cualquiera sea la posición que cada ciudadano pueda adoptar ante esta realidad histórica, la gran mayoría parece concordar en que es una situación que no se querría repetir.
Sin embargo, existen -cada vez más- poderosos motivos para sustentar una duda razonable de que así vaya a ser. El principal, radica en la decadencia progresiva de la calidad de la política nacional. Esta se manifiesta en la frivolidad, ideologización y desatención a necesidades acuciantes de la población; la poca densidad de las ideas esgrimidas y el debate muchas veces descalificador y personalizado; la polarización creciente de las posturas entre los partidos, dentro del Congreso y en la relación de ambos con el Ejecutivo; el fraccionamiento y la desunión, incluso entre fuerzas cercanas doctrinariamente, y la escasez de liderazgos poseedores de peso específico propio. A este cuadro se suman el oportunismo cortoplacista, el guiño permanente a la denominada “corrección política” y el entreguismo ante las cifras de las encuestas y las pulsiones predominantes en las redes sociales.
Con altos y bajos, el cuadro descrito da señales de ir paulatinamente a peor. Sin ir más lejos, en los últimos años han proliferado el “obstruccionismo” parlamentario, la arrogación de atribuciones constitucionales inexistentes por parte de congresistas, la recurrencia frecuente al Tribunal Constitucional, al tiempo que su denostación pública, el uso inapropiado de las acusaciones constitucionales en contra de miembros del gabinete ministerial y la judicialización de la política.
Es deber de todo miembro de la comunidad nacional reaccionar, en orden a cuidar la vida común y revitalizar la actividad política. Sin desmedro de lo señalado, a quien primeramente le corresponde asumir esta exigencia moral es a la “clase política”. Esta debe hacerse cargo de la enorme responsabilidad que implica detentar posiciones de autoridad. Requiere un cambio significativo tanto en el discurso como en la acción. Ha de reflexionar respecto al derrotero por el cual está conduciendo a la nación. No vaya a ocurrir que, por irresponsabilidad en el ejercicio de sus funciones, el país sea llevado a una nueva crisis mayor de institucionalidad y unidad social. Si en el futuro próximo la ciudadanía es conducida a populismos perniciosos o aventuras ideológicas extraviadas, el peso de la culpabilidad pesará antes que nadie en quienes lideran la praxis política.
Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía
