La sociedad nacional está enferma de “constitucionalitis”, mal voluntariamente adquirido que obsesiona a parte de las élites y hastía al grueso de la población. Durante el transcurso de los 3 años y 10 meses corridos desde que, el 15N (2019), la mayoría de los políticos embarcaran al país en la riesgosa aventura de darse una nueva Carta Magna, no ha sido fácil sostener públicamente que el proceso que se había abierto era ilegítimo, innecesario e inconducente. Que no era la solución, ni siquiera una buena “salida”, a la enorme crisis de violencia delictual y manifestación de malestar ciudadano desatada a contar del 18-O. Los mismos que metieron a Chile en este embrollo, secundados por un acotado plantel de analistas políticos, han venido insistiendo hasta la saciedad en que lo acordado el 15N fue fruto del ánimo de dar un “cauce político” a una grave situación social, convirtiendo este mantra en verdad oficial de la corrección política.
El paso del tiempo, por el contrario, parece develar lo antes presumible: que en esa aciaga madrugada convivieron las motivaciones diversas de un grupo de políticos donde destacaban -con honrosas excepciones- la mala intención (los que quisieron, o se sumaron raudamente, al intento de “derrocar” a un gobierno legítimo y democrático), el ventajismo (aquellos que no estando en la posición de los anteriores, les incomodaba cada vez menos el curso que habían tomado los hechos), el susto (los temerosos, especialmente de verse en la necesidad de ir decididamente contracorriente o en riesgo de perder sus privilegios) y la ingenuidad (los inexcusables “buenistas” que suelen contribuir con su candidez a concretar severos perjuicios).
¿En qué situación se encuentra hoy la nación?
Con una ciudadanía desafectada del devenir constitucional. Ésta ha comprobado lo que era esperable desde un comienzo: este proceso no trae aparejado, ni de lejos, solución a sus problemas más acuciantes o urgentes. Es más, ayuda a mantener congeladas las iniciativas en esa dirección; escenario que permite presagiar que el malestar no amainará, más bien cabría esperar que aumentara. Paralelamente, ha ratificado la mala opinión que tenía respecto a la política y los políticos. Por último, y como consecuencia de lo anterior, parece estar fuertemente inclinada a rechazar cualquier propuesta de Ley Fundamental que le propongan, partiendo por la que actualmente se está confeccionando en el Consejo correspondiente.
Con una clase política aparentemente presa de sus propias acciones, después del (inicialmente) impensable rechazo en las urnas al primer intento de texto y de haber forzado un “remake”. Revisando encuestas (su deporte favorito), no quiere quedar desacoplada del sentir popular. ¿Qué hará? No está nada claro desde derecha a izquierda, contando al gobierno.
¿Cómo seguirá esta historia? Otra gran interrogante, no precisamente auspiciosa. ¿Y hasta cuándo durará la paciencia del “respetable público”? La “bomba” sigue activada. El tiempo se agota.
Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía
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