¿Mejor o peor niñez? Las noticias sobre el sistema de protección residencial de la infancia resultan desoladoras: continuo cierre de residencias; largas listas de espera; directores de residencias amenazados con detención policial por negarse a aceptar el ingreso de niños o jóvenes que no cumplen las condiciones requeridas; la entidad estatal rectora del sistema padeciendo una débil implantación y a cargo de una directora subrogante después de la destitución de la anterior, etc. Todo esto, en el contexto de un débil tejido social, manifestado en creciente nivel de perjuicio por parte de los afectados.
Mejor Niñez nació para reemplazar al desacreditado Sename, con la responsabilidad de restituir derechos y reparar el daño a los niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados y vulnerados en sus derechos. Desde su origen ha tenido como tarea la protección y no la reinserción de quienes hayan cometido algún delito, objetivo éste último del que quedó encargada la antigua institución. La ley 21.302, que creó este Servicio, parecía abrir razonables expectativas de progreso en la materia. Sin embargo, la realidad actual contradice dramáticamente esa proyección.
El organismo surgió vinculado a la idea de privilegiar residencias de tipo familiar y a familias de acogida, en cambio de los modelos residenciales vigentes. Esta alternativa busca evitar las secuelas de la institucionalización, por medio de programas transitorios con características similares al apoyo que debería entregar la familia. Por ello, las familias de acogida -que cuentan con un aporte económico estatal por efectuar la labor encomendada- deben pasar por un proceso de postulación y capacitación para constituir un espacio de contención seguro. Paralelamente, se ha buscado reducir el tamaño de las residencias existentes con el propósito de asimilarlas a un espacio hogareño.
¿Es fácil encontrar hoy en Chile las familias de acogida idóneas para encarar este desafío? ¿Es factible reducir uniformemente el tamaño de las residencias? ¿Las subvenciones estatales son suficientes para financiarlas, teniendo en cuenta las crecientes exigencias que les impone el Estado y las circunstancias? Las respuestas a estas preguntas no son alentadoras. Es claro, además, que no resulta posible proseguir sin transitar hacia un sistema especializado, no únicamente en acoger, sino en tratar los diversos problemas (salud mental, adicciones, explotación sexual, etc.) que hoy deben ser enfrentados.
Ante la aguda falla de algunas familias, la sociedad civil está llamada a ser actor principal en esta tarea subsidiaria, pero requiere urgentemente de mayor y mejor apoyo por parte del Estado. Los menores transgredidos en sus derechos deben ser prioridad de la política pública. Es un deber moral ineludible por parte de todos, más allá de las legítimas diferencias que se puedan tener en cualquier otro ámbito.
Por Álvaro Pezoa, Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School Universidad de los Andes
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