Cuidemos a nuestras FF.AA. Son un baluarte de la institucionalidad del país, imprescindibles para el resguardo de la integridad territorial del Estado y, siempre, último bastión para conservar la seguridad interna de la nación, constituyendo un apoyo insubstituible para la prevalencia del Estado de Derecho. Cuando, como ocurre en la actualidad, se piensa que sería pertinente su salida a las calles para proteger a la población y hacer valer el orden político frente al terrorismo y la criminalidad, es porque el citado Estado de Derecho se ha debilitado excesivamente y las fuerzas policiales no resultan aptas por sí solas para combatir los flagelos mencionados. Nadie estaría solicitando, ni menos evaluando, recurrir a ellas para hacer primar la vida común civilizada sobre el caos asociado a la violencia desatada por grupos fuera de la ley, si no fuera porque, por las razones que sean, es un hecho que los tres poderes del Estado y las policías han sido desbordados. Ha llegado la hora, algo tarde para darse cuenta, de aplicar la fuerza legítima que proveen las FF.AA. para reducir la brutalidad delictiva que campea cada vez más impunemente por el territorio patrio.
Para que las FF.AA. salgan a jugarse la vida para defender el orden social y a la ciudadanía se requiere, como base, que cuenten con el irrestricto apoyo de la autoridad política y con un marco normativo suficiente que les permitan actuar sabiendo que no tendrán que pagar posteriormente con la pérdida de sus carreras y hasta con su libertad por haber cumplido con el deber que la realidad les impuso. Es sensato y de mínima justicia que así sea.
No obstante lo evidente que es el cuadro, hay quienes parecen esperar que se libre una guerra contra la criminalidad desalmada donde no haya heridos ni muertos; es decir, un imposible. Existen también grupos en la sociedad que derechamente no quieren que las FF.AA. lleguen a intervenir y, para ello, se escudan en todo tipo de argumentaciones para impedirlo o ponerlas en una situación insostenible, la de arriesgarlo todo a sabiendas de que terminarán indefectiblemente condenados, por angas o por mangas: el famoso “pago de Chile”.
Lo peor del caso es que a esta situación extrema se ha llegado, como otras veces en la historia de Chile, porque los civiles, especialmente quienes están llamados a ejercer autoridad en los tres poderes del Estado, no han sido capaces de detener a tiempo la escalada delictivo-terrorista que ha conducido a tener que hacer estas consideraciones. Algunos por impotencia, otros por incompetencia y, desafortunadamente, no pocos por complicidad, más o menos manifiesta. Entre estos últimos hay quienes hoy aparentan cambiar y otros que ni siquiera eso. ¿Los identifica usted?
Es de esperar, por Chile, que haya un momento de lucidez, al tiempo que de voluntad, entre quienes han de decidir qué hacer. Pero, ¡que no sea a costa de sacrificar irresponsablemente a las FF.AA.!
Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía
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