El ministro Ávila ha expresado públicamente la importancia que el gobierno otorga a la presentación de un proyecto de ley sobre “educación de la afectividad y sexualidad integral”. De hecho, se trataría de un “compromiso” programático y prioridad legislativa de la cartera que encabeza para 2023. Resulta sintomático que para la administración Boric sea esta la iniciativa preponderante en materia educativa. La noticia aludida es decidora, por dos motivos.
Primero, porque el mayor desafío que Chile enfrenta es mejorar ostensiblemente la calidad de su educación. Las falencias en este campo representan una enorme limitación para la población, una evidente traba para el desarrollo nacional, al tiempo que para el logro de un mayor grado de armonía social. Cabría, entonces, esperar que la adopción de medidas para superar esta lacra fuese el acento de la acción gubernativa. Pero, al respecto, “no se oye padre”. De paso, se ha quitado el apoyo pedagógico a los liceos Bicentenario, uno de los pocos avances reales habidos en educación pública durante la última década.
Adicionalmente, la pandemia significó un auténtico “terremoto” educacional. La deserción escolar aumentó notoriamente con su prolongación; es crucial que los alumnos vuelvan a ingresar al sistema. Hace falta, también, asignar recursos para la “restitución de saberes”. En este ámbito, a la par con las “lagunas” generalizadas de conocimientos y habilidades que deben ser suplidos, se acrecentaron las brechas de aprendizaje entre los sectores municipales y particulares. De paso, se incrementaron los problemas sicológicos del alumnado y de convivencia en los establecimientos. La lista de males es larga.
Segundo, por la notoria agenda ideológica que manifiesta, a tal punto que desplaza la urgencia -y trascendencia- de encarar los retos señalados. El ministro indicó que Chile ya cuenta con una ley sobre sexualidad, pero es de salud; tiene que haber ahora una en el sector educativo. Hay que hacer los ajustes con los contenidos curriculares. En palabras del propio Ávila: se impulsará “una ley de Educación Sexual Integral, en todos los niveles del sistema educativo, como pilar de una educación que reconozca la diversidad, cuestione los estereotipos de género y permita comprender la afectividad, las subjetividades, las relaciones interpersonales, el autocuidado y el goce, así como los derechos sexuales y reproductivos de las personas”.
Está claro. Falta un plan definido que permita superar la crisis y avanzar hacia una educación de calidad que verdaderamente aumente las posibilidades de futuro de los estudiantes. En cambio, se trata de poner en obra el programa. La ideología manda sobre la realidad. Esta vez, en la dimensión más determinante. La educación se encuentra ante una instrumental deriva ideológica.
Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía
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