El 15N de 2019, el Congreso Nacional, contrariando el Estado de Derecho existente, abdicó el ejercicio de sus prerrogativas respecto a modificaciones de la Constitución. Ante presiones de violencia cedió el poder constituyente a una asamblea que llamó Convención, creada para escribir una nueva Carta Magna. El texto que se redactó fue rechazado por una amplia mayoría de la ciudadanía, en el acto eleccionario más masivo que registra toda la historia de Chile. Allí debió concluir el proceso. Estaba, además, así expresamente estipulado en el acuerdo que dio origen al mismo. Es más, si todavía se pretendía hacer reformas a la Ley Fundamental vigente, se contaba con el Congreso Nacional, electo democráticamente pocos meses antes, para realizarlas conforme lo dicta la ley.
No obstante, haciendo caso omiso de lo establecido, la mayoría de los partidos políticos chilenos -desde el PC hasta la centroderecha- ha conducido al país a un nuevo itinerario constitucional. En esta ocasión, se ha delegado la potestad en otro cuerpo elegido popularmente, más un grupo de “expertos” seleccionado por la Cámara y el Senado, todos bajo la tutela de unos árbitros, también escogidos por el Congreso, encargados de velar por que se respeten los “bordes” fijados a este segundo intento. Si el texto que se genere fuese nuevamente desechado por la población, los legisladores han tenido, esta vez, el buen cuidado de que el “viaje constituyente” no quede concluido, que resulte posible continuar “insistiendo”, pero ahora conforme a la norma, sin tener que “saltarla”.
Los autores de esta trama la justifican aduciendo su necesidad imperiosa (que no existía hasta el 18O), el querer popular (¿cómo no?) aunque sin consultarlo, la estabilidad futura, la búsqueda de prosperidad con mayor equidad. En fin, explicaciones no faltan. El gobierno de Piñera y la centroderecha entregaron la institucionalidad hace más de tres años, cuando era necesario realizar precisamente lo opuesto: hacerla valer. Ahora el país navega por aguas octubristas y “noviembristas”. La centroderecha se bambolea sobre todo en estas últimas, hijas de las primeras.
Entretanto, los verdaderos “dolores” de la sociedad se mantienen y agudizan. Particularmente, en dimensiones esenciales: educación y familia. Se habría podido avanzar en su mejora con la Constitución vigente. El problema de Chile no está en su Carta Magna, sino en su alma. Falta unidad en torno a un ethos nacional común, grandeza de espíritu, respeto, justicia. En bases y dirigencias sobran los intereses individuales egoístas, los derechos sin deberes, la relativización de los principios, la corrupción y la violencia.
¿Expectativas de todo este montaje constitucional? Tanto para arreglar realidades de fondo, dar estabilidad, como resolver urgencias sociales, pocas, muy pocas.
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