Las falencias de la educación son el principal déficit al tiempo que el más grave problema de Chile, puesto que, precisamente, de la educación depende la fortaleza cultural de su tejido social, la índole posible de su convivencia y, por cierto, el destino económico de las personas y el país.
Hace ya tiempo los diagnósticos serios en este campo son altamente preocupantes. Ya se sabe, los resultados en las pruebas internacionales realizadas por niños y adolescentes en etapa escolar en el país se comparan muy pobremente con los de otras latitudes. Dentro de este contexto general, también es conocida la marcada desigualdad en la calidad de la oferta educativa existente entre el sector particular privado y aquella que ofrece la red pública nacional. Una profundización en los diversos índices o mediciones accesibles en la materia solo llevan a oscurecer más el escenario. Esa es la realidad, sobre la que ya se ha escrito abundantemente.
Desafortunadamente, las decisiones políticas más determinantes que se han adoptado en la última década en la materia -las del gobierno de Bachelet II- fueron justo en el camino contrario al que las circunstancias requerían. Hoy la patria está pagando el costo de esos profundos yerros. El actual gobierno no lo hace mucho mejor (baste recordar los niños sin posibilidad de matrícula en el sistema público a comienzo del año en curso).
La situación lejos de mejorar, o siquiera mantenerse estancada, empeora sostenidamente. La violencia ideológico-política, otra de naturaleza delictual juvenil, emparentadas con un largo proceso de socavamiento sistemático de la autoridad, parecen conducir inevitablemente a una todavía mayor decadencia al ya alicaído sistema educativo chileno. Lo peor es que las autoridades pertinentes, qué decir el Colegio de Profesores, no parecen estar interesadas en enfrentar el drama educacional presente. La ideología, los intereses grupales, la pequeña política priman inconteniblemente sobre la preocupación -y ocupación- genuina por revertir el triste panorama actual de este ámbito.
Los últimos días han traído dos noticias lamentables, aunque a estas alturas nada sorprendentes, en este campo: por una parte, la inaceptable ocupación de la Universidad de Chile por minorías radicales que se enseñorean en la Casa Central, que impiden la libre asistencia a clases, deciden sobre el ingreso de los profesores y hasta “los marcan” como ha ocurrido en los peores totalitarismos; de otra, el rociamiento con bencina realizado por alumnos al director del Liceo Lastarria. ¿Qué sigue?
Chile necesita urgentemente que sus autoridades y la ciudadanía reaccionen y, cada cual desde su lugar, asuma responsabilidades en la reversión no solo de estas coacciones ilegítimas, sino en la tarea de largo plazo de impulsar una mejora sostenida en la educación chilena.
Por Álvaro Pezoa, director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes
