“Este proyecto (de ley) es antipobres” ha declarado recientemente el diputado Winter (FA), manifestando su posición contraria a mantener la multa a aquellos ciudadanos que, bajo el régimen de voto obligatorio vigente, no acudan a votar en las próximas elecciones. La debilidad de su argumentación ha sido motivo de numerosas columnas y comentarios, al tiempo que ha obligado a su propia tienda a desmarcarse de sus afirmaciones. La intención -siempre el aspecto más difícil de clarificar a la hora de efectuar una valoración moral- de sus declaraciones, ha sido también motivo de profusas críticas. En síntesis, la evidencia disponible indica que el voto de los sectores más desposeídos no favorecería electoralmente a los colores del congresista, por lo tanto, convendría transformar -de facto- el sufragio obligatorio en voluntario, pues ese grupo de personas es el que menos concurre a las urnas cuando no hay sanción por incumplir este deber cívico.
La “movida” implícita que justificaría esta iniciativa deja expuesta una de las malas prácticas más graves que experimenta la actividad política: la desembozada utilización que se hace de las personas, en particular de aquellas denominadas o enmarcadas en la categoría de “pobres”. Se trata de un vicio recurrente en política -y, ostensiblemente, en cierta izquierda- que no hace sino corromperla, al paso que denostarla.
La determinación de quiénes serían los pobres es una cuestión nada trivial; materia para ser abordada en otra ocasión. Sin embargo, en términos gruesos, con dicha expresión se suele hacer referencia a los grupos que sufren mayores carencias materiales y de posibilidades de desarrollo humano dentro de la sociedad. Con frecuencia los discursos políticos se elaboran en nombre de ellos para, con similar recurrencia, olvidarlos prontamente. Se trata de una manipulación execrable, que debiese ser ampliamente condenada. Sin embargo, su erradicación parece ser tan difícil como deseable, evidenciando una fuerte persistencia de este mal en el transcurso del tiempo.
Los pobres debiesen ser los destinatarios prioritarios de la acción política, las personas a quienes servir por excelencia. En cambio, suelen ser más bien aquellos de quienes diversos actores se sirven, en ella, para beneficio propio o sectario: para gozar del poder, de los privilegios legítimos que éste comporta, de las oportunidades económicas espurias que otorga, de la notoriedad asociada, de la satisfacción de afanes psicológicos (mesiánico, por ejemplo) y más desvirtuaciones del noble ejercicio de las responsabilidades públicas.
La realidad en comento permite dos reflexiones fundamentales inmediatas. La primera, dice relación con el estrecho vínculo existente entre la política y la ética, mirado el fenómeno con énfasis en la clase política. La segunda, respecto a la relevancia de una buena educación que posibilite un mejor discernimiento para decidir por quiénes votar, en especial entre las personas pobres.
Por Álvaro Pezoa, director del Centro de Ética y Sostenibilidad Empresarial ESE Business School, U. de los Andes
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