Vía decreto el gobierno ha dado origen a una “Comisión Asesora contra la Desinformación”, dependiente del Ministerio de Ciencia. Su existencia ha quedado refrendada, el 20 de junio pasado, mediante publicación en el Diario Oficial. Ella vendría a colaborar al combate de las noticias falsas, que impiden el adecuado funcionamiento de la democracia.
Tan loable (en apariencia) objetivo, ha sido impulsado por Camila Vallejo (PC), ministra Secretaria General de Gobierno. La iniciativa ha despertado legítima inquietud entre quienes defienden la libertad: ¿quiénes y cómo determinarán cuál información sea considerada una “fake news”? ¿Y cuáles otras no? ¿Por qué razones? ¿Qué acciones se seguirán después de que se haya “determinado” que una pieza informativa, o conjunto de ellas, comporta cierto “peligro” para la democracia?
La libertad de información resulta crucial para sustentar un orden social también libre y, consiguientemente, para hacer efectiva las demás libertades de la población. Por el contrario, el establecimiento de la “verdad oficial” (mentiras verdaderas) ha sido un recurso fundamental al que ha acudido el Partido Comunista, en particular allí donde ha ejercido el poder. Por esta razón, es preocupante que, ahora siendo gobierno en Chile, haya creado un instrumento que le pueda allanar la tarea. La fuerte inclinación a manipular los hechos que ha evidenciado la acción política marxista en su trayectoria histórica es correlativa a su propuesta ideológica, donde en último término “todo” queda justificado por la convicción de que el camino revolucionario es imprescindible para el advenimiento de la utópica sociedad comunista.
Nadie puede desconocer que la rápida -y sencilla- expansión de las noticias falsas a través de las RRSS ha devenido en un grave problema para las sociedades democráticas y que, por lo mismo, bien vale la pena abordarlo seriamente. Sin embargo, la solución a esta amenaza no parece transitar por la vía de conferir la atribución señalada a quien detenta el poder político. Es fácil advertir que el “remedio puede ser peor que la enfermedad”. Más todavía en manos de quienes han buscado habitualmente pautar la “corrección política”, al tiempo que fijar en el debate público cuáles serían posiciones (denominadas) “negacionistas”.
La coyuntura política parece jugar de agravante en este caso. Primero, por la seguidilla de fallas de conducción y derrotas electorales experimentadas por el Ejecutivo. A las que se suma, ahora, el incómodo destape de corrupción con dineros fiscales entre personeros de RD. Segundo, por el propósito declarado de conmemorar -desde su perspectiva- el cumplimiento de 50 años del 11 de septiembre de 1973. Estas realidades hacen tentador, para el gobierno, asumir un rol de “censor” de la información. Y, visto desde el lado opuesto (la mayoría de la población), hacen recomendable evitar que aquella tentación se pueda llegar a concretar.
Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía
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