Varias regiones de Chile arden bajo el fuego destructor y segador de vidas generado por incendios intencionales de origen terrorista-delictual. Por lo tanto, hay que “regular” la industria forestal. Este es, en síntesis, el raciocinio que recientemente ha expresado el Presidente de la República. El problema sería la actividad productiva, sobre todo la que desarrollan las grandes empresas, no las acciones criminales. Hay quienes se muestran sorprendidos de esta idea, otros consideran que se trata de una “cortina de humo” para distraer la atención pública del doloroso desastre que se encuentra asolando a un vasto sector del país, ante la impotencia de (casi) todos.
No obstante, parecen haber claras razones para que no quepa interpretar las palabras de Boric desde la sorpresa ni desde la táctica comunicacional. Más bien, parecen obedecer a como realmente piensa. Al respecto, basta con revisar el fuerte énfasis estatista de su programa de gobierno y la permanente antipatía que ha manifestado hacia la empresa privada, ambos refrendados en el texto del proyecto constitucional que defendió con especial ahínco -hasta llegar a ser de facto una suerte de jefe de campaña-, intentando que fuese aprobado el pasado 4 de septiembre. La actividad empresarial de iniciativa particular ha sido siempre una realidad que el Mandatario y sus compañeros de ruta han visto como fuente de males más que de beneficios para la sociedad. Empresas y mercados son los “fetiches” del nefasto “neoliberalismo”, que debe ser combatido y erradicado de plano, pues sería la fuente misma de todos los males.
Asimismo, es cuestión de efectuar un sencillo análisis sobre cómo votó el actual Presidente diversas iniciativas legislativas durante sus años como diputado, también a una con sus camaradas, para comprender que han sido amigos del recurso a la violencia política y, en todo caso, han hecho poco y nada por eliminarla. Como mudo testigo de lo señalado quedan sus negativas al establecimiento de estado de excepción en La Araucanía, a la ley “antisaqueos”, a que las FF.AA. pudiesen proteger la infraestructura crítica, a la regulación de fuegos artificiales, al control de armas y penas asociadas, a la penalización del hurto de madera y, sin agotar el listado, hasta el proyecto de ley de protección a bomberos. En los días que se viven, este último acto resulta “paradigmático”, hasta irónico, respecto a la forma como los jerarcas de turno se sitúan verdaderamente ante la sociedad y la ciudadanía.
Faltando todavía más de tres años para que finalice el periodo presidencial en curso, existen suficientes elementos de juicio disponibles (para quien quiera recurrir a ellos) para saber qué se puede esperar de nuestros gobernantes. A la vista de los antecedentes y de los hechos, no queda espacio para análisis inocentes, “buenistas” ni condescendientes.
Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía
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