Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía
Ministras buscan obtener una ley de indulto para los presos de “la revuelta”, en orden a cumplir una promesa de campaña; dejan en libertad a implicado en el artero asesinato del joven carabinero Breant Rivas en Chillán; tribunal otorga un beneficio carcelario incomprensible a recluso por uno de los crímenes más viles cometidos en los últimos años: el del matrimonio Luchsinger-McKay. Paralelamente, el camionero Ciro Palma es gravemente herido por una bala en Ercilla; 33 vehículos son quemados en un solo atentado en Los Álamos; etcétera. ¡Todo en menos de tres semanas!
Son prácticamente innumerables los hechos terroristas y delictuales -varios con resultado de muerte- acaecidos en lo que va corrido del año. También extensa es la lista de concesiones frente a ellos por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Frente a este mar de condescendencias, el Presidente aporta la suya planteando otra postergación a la aplicación de la ley: la idea de generar un acuerdo transversal contra la violencia y por la seguridad. Encima ¡curioso!, pues no hace mucho tiempo él mismo apoyaba a los “revoltosos” en su productiva destrucción callejera e increpaba en su cara -en un público abuso de poder- a un soldado por cumplir su pacífico deber. En síntesis, Chile está perdiendo ampliamente su combate contra la violencia. Por momentos, da la impresión que esta lucha nunca ha llegado a darse verdaderamente.
La criminalidad común, los narcos y los terroristas están triunfando, lo vienen haciendo por años, décadas. La ciudadanía honrada es la gran derrotada, cualquier día la desgracia llama a la puerta. La clase dirigente nacional, especialmente la política, ha fallado en toda la línea; su negligencia en la materia resulta culposa, en algún caso -¡quién sabe!- hasta cómplice. Ni siquiera se está alcanzando el mínimo esperable: el uso de las leyes disponibles. Los factores que explican esta profunda lacra social son diversos y complejos. Entre los más directos destacan la falta de voluntad para actuar y la insuficiencia de convicción asociada. Acompañan: la ausencia de unidad respecto al fenómeno en sí y, consiguientemente, a las vías que han de ser utilizadas para erradicarlo; y las falencias descubiertas en las instituciones encargadas de estas tareas.
Sin desmedro alguno de lo señalado, parecen haber además causas subyacentes todavía más intrincadas y arduas de resolver. Sobresale, entre ellas, la prolongada y activa presencia de partidos y movimientos inspirados en ideologías políticas que se sustentan en la enemistad social, el cultivo del odio y la validación de la violencia como herramienta legítima de acción. ¡Hoy gobiernan!
En fin, la suma de evidencia disponible hace pensar que resultará extremadamente difícil revertir el estado actual descrito. El panorama es sombrío.
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