Columna de Ana Sugranyes: Los derechos humanos y la negociación para hacer ciudad

La emergencia habitacional es seria y compleja. Las respuestas a la precariedad en que viven decenas de miles de familias vulnerables en los campamentos a lo largo de todo el país exigen medidas precisas, que dejen de lado la discriminación, el uso de la violencia y eviten a más familias en situación de calle.

En primer lugar, Chile debe ajustar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos a las demandas sociales y compatibilizarlos con el derecho a la propiedad, formulando protocolos para detener la cantidad de desalojos que se están ejecutando actualmente.

Para revertir la tendencia a la judicialización de una demanda social y sus impactos negativos, desde la sociedad civil y la academia, debemos ahondar el análisis de los límites de la acción legal para las demandas de privados afectados en la defensa de su derecho de propiedad. Ni los recursos de protección, ni la aplicación de la ley de usurpación de inmuebles, ni las acciones administrativas más directas como son las órdenes de demolición, pueden ser claves para la integración social y urbana de comunidades habitando espacios inadecuados y son abandonadas por el Estado.

Otra medida indispensable es la revisión de la política habitacional en respuesta a la demanda desde los campamentos, evitando la criminalización de sus habitantes; reforzando la capacidad de intervención del Estado; reconociendo y respaldando los aportes de las comunidades en la producción y gestión de su hábitat; asegurando la habitabilidad básica en todos los campamentos; y, ahí donde sea posible, asumiendo procesos consensuados de radicación haciendo ciudad.

En el caso de San Antonio, va nuestro aprecio por las iniciativas del gobierno, que apuntan a la negociación entre actores involucrados y que debieran integrar a las organizaciones de pobladores. Estas instancias demuestran el indispensable diálogo por sobre la violencia, como hemos aprendido por décadas en materia de desalojos de las y los Relatores Especiales de Naciones Unidas para el Derecho a una Vivienda Adecuada.

Desde la Red de Derechos Humanos y Desalojos y otras instancias de la sociedad civil -a la par de la Comisión Técnica propuesta por el reciente acuerdo-, en una práctica ciudadana de construcción del derecho a la ciudad, sugerimos una acción directa, con distintos diálogos entre organizaciones de los campamentos, vecinas y vecinos de San Antonio y de Cartagena, y un grupo de urbanistas que, con sensatez y cordura, para llegar a una idea general de ciudad, o sea el espacio de convivencia, para ahora y dentro de muchos años.

Podemos llegar a propuestas concretas, que reconozcan y validen la voz de las dirigencias sociales y territoriales; favorezcan el desarrollo del puerto; garanticen buena conectividad dentro y fuera de esta otra área metropolitana de la Región de Valparaíso; aborden la sostenibilidad del borde costero; realcen la protección del patrimonio, y respondan a la demanda habitacional de toda la población con densidades adecuadas a la vida urbana del siglo XXI.

Por Ana Sugranyes, arquitecta PhD