Columna de Andrea Tokman: Detrás de la consigna
"Sería un aporte llevar el diálogo entre los sindicatos y la administración más allá de los asuntos económicos y que se avance en agendas de equidad de género, salud mental, modalidades de trabajo flexibles, seguridad laboral, entre otras."
La participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas es una discusión de larga data, donde se han planteado -con mayor o menor éxito- diferentes modelos: a través de la propiedad, con mecanismos de codeterminación, haciéndolos parte de los resultados, entre otros.
Se plantea que su principal objetivo sería mejorar las condiciones laborales dentro de las compañías y aprovechar el conocimiento de los trabajadores para mejorar la productividad y resultados de la empresa.
Diversos países de Europa han avanzado en esta materia, principalmente mediante la incorporación de representantes de los trabajadores en juntas directivas, supervisoras o directorios, en proporciones minoritarias que fluctúan entre el 20% y 30%. Lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones, los estudios de la experiencia alemana, país con larga trayectoria en esta materia, no encuentran evidencia causal de esta gobernanza compartida en los salarios ni en las políticas y estructuras que los determinan. No hay tampoco impacto confirmado en mejores condiciones laborales, satisfacción, clima laboral o productividad.
Entonces, si no beneficia a los trabajadores ni a la empresa por la vía del mejor clima o productividad, ¿por qué insistir en garantizar la participación de trabajadores en instancias de gobernanza de la empresa? La explicación tendría que estar en algún efecto externo que las compañías no internalizan. Beneficios que no se expresan a nivel individual ni corporativo, sino más bien para el conjunto de la sociedad, contribuyendo a la tan ansiada cohesión social.
La propuesta de nueva Constitución que se plebiscitará en unos días establece, en su artículo 48, que “Las trabajadoras y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa”. La ley definirá los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho, dejando la cancha abierta para una infinidad de opciones, aunque la participación en los directorios pareciera ser la que más resuena en ciertos sectores políticos.
Este artículo, que se presenta como un avance pues establece la participación de los trabajadores como imperativo, equivoca el rumbo al perseguir la consigna que sustenta la idea más que el objetivo detrás de ella. Al definir que solo puede ejercerse a través de las organizaciones sindicales, deja fuera de esta propuesta a tres de cada cuatro trabajadores que actualmente no están sindicalizados, además de desconocer que estas organizaciones representan sus legítimos intereses y no necesariamente los de toda la empresa ni menos los de potenciales trabajadores. Además, establece una obligación sin que se haya resuelto la interrogante más esencial: ¿qué beneficio se busca alcanzar incentivando una mayor participación? ¿Mejorar los ingresos de los colaboradores? ¿Mejorar las condiciones laborales? ¿Forzar una distribución de utilidades más allá de los bonos u otros ingresos adicionales que hoy existen?
La Mesa Laboral que conformó la Fundación Carlos Vial Espantoso para estudiar la propuesta constitucional analizó algunos desafíos en esta materia, llegando a la conclusión que esta interrogante es crucial para avanzar en legislaciones que den cuenta de las experiencias comparadas, definiendo las materias sobre las que tendrán injerencia los trabajadores, así como los mecanismos de participación, cuidando no desincentivar la inversión y el empleo y que sean representativos de todos los trabajadores, incluidos los no sindicalizados.
Asimismo, junto con explorar modelos de gobernanza compartida, también es necesario avanzar en fortalecer instancias de información y consulta, y robustecer la participación en otras instancias, como comités paritarios o comités estratégicos, algunos de los cuales se formaron durante la pandemia y han significado espacios de diálogo muy fructíferos. Además, sería un aporte llevar el diálogo entre los sindicatos y la administración más allá de los asuntos económicos y que se avance en agendas de equidad de género, salud mental, modalidades de trabajo flexibles, seguridad laboral, entre otras.
Independiente del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, el camino hacia mayores espacios de participación de los trabajadores ya comenzó y es importante hacerlo bien. Con estos espacios, se pueden lograr transformaciones que nos acerquen a tener un mundo laboral más sostenible, relacionales laborales más virtuosas y empresas en donde la confianza y el diálogo sean primordiales, contribuyendo así a la cohesión social.
* La autora es economista y miembro de la mesa laboral de la Fundación Carlos Vial Espantoso (FCVE).
