Columna de Andrés Chirgwin: Sistema Político: El problema agravando el problema

Un grupo de senadores presentó hace algunas semanas un proyecto de reforma al sistema político con el objetivo de mejorar la representatividad y estabilidad del Congreso Nacional.

Entre otras materias, la iniciativa propone que, para que a un partido político se le atribuyan escaños en la Cámara de Diputados, debe alcanzar al menos el 5% de los votos válidamente emitidos en una elección nacional. Además, establece que los parlamentarios que renuncien al partido político por el cual fueron electos perderían su escaño, buscando así fortalecer la disciplina partidaria y la coherencia en la representación política. Finalmente, prohíbe la formación de listas formadas únicamente por candidatos independientes.

Esta semana se pidió segunda discusión del proyecto, lo que significa que por el momento quedará pendiente su debate y votación en el Senado. Parece ser un buen momento para reflexionar sobre los méritos del proyecto.

Esta reforma plantea serias dudas sobre su verdadero propósito. Más que abordar los problemas estructurales del sistema político chileno, parece diseñada para resolver conflictos internos de las élites políticas, particularmente relacionados con el control del “discolaje” y la dispersión del poder dentro de los partidos.

La Ley de Hierro de la Oligarquía, postulada por Robert Michels, sostiene que, en cualquier organización, incluso en las más democráticas, existe una tendencia inevitable hacia la formación de una élite dirigente de carácter oligárquico. Parece que, en lo que respecta al sistema político chileno, estamos en primera fila observando esa ley en acción.

Los principales problemas políticos en Chile no se derivan de la dispersión del poder o la falta de disciplina partidaria, sino de las deficiencias éticas, intelectuales y experienciales de la generalidad de nuestra actual clase política. Estas carencias se reflejan en la adopción de políticas públicas dañosas, que agravan la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la falta de inversión y crecimiento, y la irresponsabilidad fiscal.

En lugar de solucionar los problemas de confianza y legitimidad del sistema político, el proyecto de los senadores bien podría profundizarlos. Concentrar aún más poder en los políticos incumbentes, quienes enfrentan niveles históricamente bajos de confianza ciudadana y constituyen el estamento de menor prestigio social en el país, no parece una estrategia adecuada para fortalecer un sistema en crisis.

Al reducir la competencia y restringir el debate interno, se perpetúan ideologías y políticas públicas decididas verticalmente que no responden a las demandas sociales. Que los parlamentarios en definitiva representen a sus partidos y no a sus electores sin duda reforzará la percepción de que el sistema democrático carece de representatividad y es incapaz de ofrecer soluciones efectivas, alimentando el desencanto ciudadano.

Entorpecer, mediante regulación, la formación de nuevos referentes políticos, privilegiando a los incumbentes y cerrando el sistema a nuevas ideas y liderazgos, contribuirá a la percepción de que el sistema político chileno se ha convertido en un oligárquico y exclusivo club para las élites tradicionales de todo signo político, un divertimento para los llamados “hijos tontos de los ricos”, quienes se solazan dilapidando la riqueza creada por sus padres.

Un empeoramiento de la situación podría elevar el riesgo de represión, ya que las oligarquías políticas pueden intentar implementar medidas autoritarias para mantener privilegios, restringiendo libertades fundamentales y derechos civiles. Esta tendencia ya se observa en algunos países occidentales desarrollados en la persecución penal de difusión de posiciones o ideas que cuestionen los conceptos o valores que la clase política considere inobjetables. A este respecto, caso de las “grooming gangs” en Inglaterra es paradigmático.

Dado que la reforma nace de los propios partidos e incumbentes, ¿cómo podrían éstos proponer una reforma útil o al menos que no fuera en su exclusivo beneficio?

Chile no necesita ajustes cosméticos que perpetúen las prácticas que han llevado al sistema democrático a un proceso de decadencia, que nos tuvo hace sólo un par de años al borde de un colapso constituyente.

Fortalecer la democracia no significa blindar a nuestras deterioradas élites, sino recuperar un sistema funcional, como el que tuvimos hasta comienzos de la década pasada. En lugar de imponer restricciones que refuercen el statu quo, los partidos políticos deberían optar por un proceso de dramática autocrítica y renovación.

Esto implica promover políticas públicas que limiten sus prerrogativas, fusionarse o autodisolverse si fuere necesario, generar condiciones para atraer a personas más capacitadas a la política, seleccionar mejor a sus candidatos, excluir en forma rápida y definitiva a los malos elementos, y trabajar para que sus posturas sean aceptadas por los representantes electos mediante el convencimiento y la calidad de sus propuestas.

En último término, la verdadera solución pasa por limitar el poder de la clase política y lograr una clase política más ética, competente y conectada con las demandas ciudadanas, capaz de liderar el país hacia un futuro de desarrollo en vez de uno de destrucción de valor.

Un buen comienzo sería establecer mecanismos que logren que los miembros de dicha clase respondan por sus actos, o al menos partir por respetar y hacer cumplir los pocos mecanismos existentes. En algunas semanas, el Tribunal Constitucional tendrá la oportunidad de dar aplicación a uno de ellos, cuando conozca el caso de la compra fallida de la casa de Allende. Veremos.

Por Andrés Chirgwin, abogado