Columna de Andrés Cortés: Institucionalidad para la Consulta Indígena, ¿una nueva promesa incumplida?

La controversia surgida en las últimas semanas respecto a la realización de una consulta indígena en el marco del proceso constitucional, y quién es responsable de llevarla a cabo, resalta la necesidad de contar con una institucionalidad especializada en este ámbito en nuestro país. El programa de gobierno del presidente Gabriel Boric proponía la creación de una nueva institucionalidad de participación y consulta indígena en colaboración con los pueblos originarios. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de 18 meses de su mandato, aún no se ha cumplido esta importante promesa de campaña en relación a la política indígena en nuestro país.

Para garantizar el éxito de los procesos de consulta indígena, es fundamental que se realicen de manera eficiente y efectiva. Esto implica una adecuada planificación, plazos razonables y una participación activa de las comunidades indígenas en todas las etapas del proceso. Además, se requiere una capacitación específica para los funcionarios públicos encargados de coordinar y llevar a cabo estas consultas, de manera que adquieran la experiencia necesaria para manejar adecuadamente las particularidades culturales y los protocolos de diálogo propios de cada pueblo indígena.

Es crucial reconocer que el derecho de consulta de los pueblos indígenas es fundamental, tanto a nivel internacional como nacional. El Convenio 169 de la OIT establece claramente la importancia de consultar a los pueblos indígenas en decisiones que puedan afectar directamente sus derechos e intereses. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar rigurosamente este derecho de manera efectiva.

En la actualidad, una de las principales deficiencias en la implementación de los procesos de consulta indígena realizados por el Ejecutivo es que cada Ministerio o Servicio Público debe implementar de manera autónoma cada uno de los procesos. Existe la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAI) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que colabora con los distintos órganos de la Administración del Estado, pero se enfoca únicamente en cómo realizar una consulta indígena y determinar la pertinencia de llevar a cabo un proceso de consulta. Sin embargo, carece de facultades de seguimiento y evaluación de los diferentes procesos realizados, lo que genera una falta de sistematización que impide un adecuado aprendizaje de los errores y aciertos.

La creación de una institucionalidad especializada en consulta indígena puede ser una herramienta valiosa para alcanzar estos objetivos. Dicha institución debería contar con personal capacitado y con experiencia en temas interculturales, que pueda asesorar y apoyar en la planificación, coordinación y ejecución de los procesos. Además, se deben establecer mecanismos claros de seguimiento y evaluación para asegurar la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados en el marco de las consultas.

Es importante destacar que fortalecer los procesos de consulta indígena no solo beneficiará a los pueblos indígenas, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible y a la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. La participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones relacionadas con sus derechos e intereses permitirá generar políticas públicas más acordes con sus necesidades y cosmovisiones, así como promover una relación de respeto y diálogo con el Estado.

Para garantizar plenamente el derecho de consulta, es fundamental fortalecer los procesos, enfocándonos en su eficiencia y generando experiencia en el aparato público. La creación de una institucionalidad especializada puede ser un paso importante en esta dirección, al brindar asesoramiento y apoyo técnico, así como establecer mecanismos de seguimiento y evaluación. Cumpliendo rigurosamente con este deber, el Estado podrá avanzar hacia una sociedad más inclusiva, respetuosa y justa, donde se reconozcan y valoren los derechos y la diversidad de los pueblos indígenas.

Por Andrés Cortés Díaz, ex asesor especial de Asuntos Indígenas de Gobierno 2018-2019.