Columna de Andrés Díaz Alarcón: Reforzar la intervención estatal ante desafíos eléctricos
Las recientes declaraciones del ministro de Energía sobre la posibilidad de que una parte de la distribución eléctrica esté a cargo de una empresa estatal resaltan la necesidad de abrir un debate sobre las capacidades que debería tener el Estado para afrontar emergencias como las vividas recientemente. Esta discusión es especialmente relevante a la luz de los eventos que han afectado gravemente las fuentes de ingresos de muchas familias debido a la falta de una respuesta oportuna. En un contexto de incertidumbre como el actual, es difícil determinar cuál es la estrategia más adecuada para enfrentar crisis en el sector eléctrico, pero el llamado del ministro a evaluar cuidadosamente las capacidades tanto del Estado como del sector privado es razonable. Es crucial que, en este análisis, se considere la importancia de una colaboración público-privada efectiva.
Al analizar la función de una empresa estatal en el sector energético, es fundamental entender que estas empresas operan bajo la regulación y supervisión del gobierno, con el objetivo de asegurar la provisión de electricidad a precios regulados y garantizar el acceso universal. Este enfoque es particularmente vital en áreas donde la inversión privada no llega, ya que el propósito principal de una empresa estatal es asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica o capacidad económica, tengan acceso a la electricidad. Aunque en términos porcentuales el problema pueda parecer pequeño, todavía hay miles de hogares en zonas rezagadas o rurales sin acceso a la electricidad, precisamente porque la inversión en estos proyectos no resulta atractiva para el sector privado.
Sin embargo, al explorar las ventajas de un enfoque estatal, también debemos considerar los desafíos que este modelo enfrenta, como la falta de inversión en infraestructura debido a las limitaciones presupuestarias del Estado, lo que podría deteriorar el servicio a largo plazo. Esto subraya la necesidad de que las políticas gubernamentales estén bien diseñadas y se enfoquen en el desarrollo sostenible. Aunque el Estado cuenta con recursos limitados y enfrenta retos como la capacidad sancionatoria y la mejora de la infraestructura, el problema que motiva esta discusión es que Enel, una empresa que en teoría dispone de los recursos y la “musculatura” necesarios, tampoco ha demostrado ser capaz de responder de manera oportuna a la emergencia que hemos vivido recientemente. Entonces, surge una pregunta aún más preocupante: ¿Qué está fallando para que no seamos capaces de hacer frente a este tipo de crisis?
No debemos olvidar que la energía es el corazón de todas nuestras actividades económicas; todo lo que hacemos depende de ella. Las necesidades urgentes de la ciudadanía descansan en la existencia de un suministro estable y seguro de energía. Muchas familias han visto afectadas sus fuentes de ingresos debido a problemas que no han recibido una respuesta oportuna. Los eventos recientes son una señal de alerta sobre la urgencia de modernizar toda nuestra red, lo que representa un desafío enorme, ya sea para un ente privado o estatal. No se trata solo de contar con más cuadrillas, sino de saber cómo gestionarlas de manera precisa ante contingencias y emergencias como las que hemos vivido, monitorear y reunir información de manera oportuna, analizarla y tomar decisiones estratégicas de manera ágil, especialmente en momentos de emergencia.
Por Andrés Díaz Alarcón, director de la Escuela de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales
