Uno de los marcadores más utilizados por las instituciones de libre competencia para detectar carteles es la evolución de las participaciones de mercado en una industria. En casos de colusión, como los del pollo y papel confort, entre otros, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Competencia utilizaron como evidencia incriminatoria que las ventas relativas de las empresas acusadas fueron muy estables en el tiempo. En contraste, en una industria sin colusión, la dinámica competitiva lleva a que algunas empresas vendan más en algún periodo mientras que otras menos. Esto se produce a medida que hay nuevos entrantes o alguna empresa existente innova, reduce costos, o adopta una estrategia de precios más agresiva que aumenta sus ventas a costa de las de sus competidores. En general, en un mercado competitivo las participaciones en la producción y ventas de las empresas fluctúen en el tiempo. Veamos la conexión de esto con la ley de pesca.
El proyecto de ley de pesca que presentó el Ejecutivo propone subastar el 50% de las cuotas asignadas al sector industrial (el otro 50% se asignaría a las actuales empresas incumbentes según la ley vigente). Quienes se oponen a licitar las cuotas argumentan que este mecanismo afectaría el empleo. Este argumento es falaz pues con independencia de quien se adjudique las cuotas licitadas, estos recursos tendrán que ser capturados por alguien y procesados en alguna planta. Por lo tanto, en el agregado, el empleo no se vería afectado. Con o sin subastas se requeriría la misma cantidad de tripulantes de flota y de trabajadores en las plantas.
Implícitamente, lo que argumentan los opositores a las subastas (dejando de lado la posibilidad de que sea meramente una estrategia comunicacional para defender las rentas de los incumbentes) es que ellas podrían afectar el empleo de algunas firmas que no logren adjudicarse las cuotas deseadas en el proceso competitivo. De acuerdo con ello, habría que mantener la asignación no competitiva a los incumbentes actuales para evitar alterar las participaciones de mercado en el futuro y por esa vía dar estabilidad laboral a los empleados de estas firmas. Este argumento sería análogo a no sancionar la colusión porque la estabilidad resultante en las participaciones de mercado entrega seguridad laboral a los trabajadores de las empresas cartelizadas, lo que es absurdo.
Las políticas públicas deben fomentar el empleo agregado, no el empleo de determinadas empresas. En una economía de mercado, la dinámica competitiva implica cambios en los niveles de producción entre las empresas y, eventualmente, una reasignación del empleo entre ellas. Pero esta competencia es justamente lo que impulsa el crecimiento económico, creando más y mejores empleos. Por ello y por otras muchas razones, es recomendable licitar las cuotas de pesca industrial, en mi opinión el 100% y no solo el 50% que propone el proyecto de ley. Argumentar que esto afectaría el empleo es falso.
Por Andrés Gómez-Lobo, profesor asociado, departamento de Economía, Universidad de Chile
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