Columna de Ángel Valencia: Delitos tributarios, para una persecución efectiva del crimen organizado

Al menos desde 2014, venimos discutiendo respecto de la titularidad de la acción penal en materia de delitos tributarios. A pesar de la existencia de numerosos proyectos de ley en la materia, muy pocas cosas han cambiado desde entonces, y en lo que guarda relación con los ilícitos impositivos más relevantes, la persecución penal permanece condicionada a la manifestación de voluntad de la autoridad tributaria.

El condicionamiento de la persecución penal al atrevimiento de un particular constituye una excepción que se justifica sólo en aquellos casos en que la apertura de un proceso penal puede ser aún más perjudicial para la víctima que el delito mismo. Pero no es el caso del Fisco. La vulneración de su patrimonio es, precisamente, un asunto que nos atañe a todos.

Un argumento que se suele enarbolar a la hora de discutir la modificación del sistema es la superioridad técnica de la Autoridad Tributaria en materias impositivas (no hay tributaristas en la Fiscalía, se ha dicho). Nos parece que aquello constituye una visión en extremo reduccionista del asunto; equivaldría a sostener, a la inversa, que sólo porque hay más abogados penalistas en la Fiscalía, entonces la acción penal debería ser de exclusiva iniciativa de esa última y no del Servicio de Impuestos Internos.

Y es que los casos de defraudación tributaria que se tematizan habitualmente en nuestro proceso penal, no son más que esquemas de entrega de información falsa sustentados en documentación adulterada, fácilmente detectable por los persecutores penales. Dicho de otro modo, los delitos tributarios que afectan al sistema de cobro del impuesto a la renta o al valor agregado, en su mayoría, no son otra cosa que simulaciones contractuales, como el uso de boletas o facturas falsas.

Para esto, tanto fiscales como policías cuentan con todas las herramientas para identificar y determinar la falsedad de un acto o contrato comercial y ponderar su eventual relevancia impositiva, al ser utilizados en el proceso de declaración y pago de impuestos con miras a rebajar indebidamente la carga tributaria que el contribuyente infractor debió asumir. Esta es la razón por la cual, el Ministerio Público ha sido capaz de descubrir graves esquemas defraudatorios sin la necesidad de contar con un pronunciamiento previo de la autoridad competente.

Finalmente, la delincuencia de cuello blanco requiere un trato igualitario con el resto del fenómeno delictivo. El principio de legalidad y la restricción del principio de oportunidad en materia penal obligan al Ministerio Público a perseguir todos los hechos delictivos, cosa que no sucede en el Derecho administrativo que cuenta con criterios de selección más laxos. Dados las lesivas consecuencias que pueden seguirse de la delincuencia tributaria para nuestras democracias, resulta necesario que el Ministerio Público no encuentre trabas a su actuación, destinada a encontrar y juzgar a los responsables de graves casos de defraudación tributaria, especialmente cuando es necesario privilegiar el combate al crimen organizado antes que la recaudación fiscal.

El Ministerio Público es un ente constitucionalmente autónomo, entre otras razones, para evitar que los gobiernos de turno puedan hostilizar a los adversarios políticos del momento valiéndose de la persecución penal. Basta mirar algunos países de la región para relevar la importancia de esta autonomía. La pregunta es, ¿no corre la misma vara para otras entidades públicas? ¿Acaso la autoridad tributaria, que depende de los gobiernos de turno, no podría ser utilizado para perseguir a ciertas personas y perdonar a otras? Acá no hay que ir muy lejos, es cosa de mirar nuestro pasado reciente para ver como ciertos acuerdos perjudicaron enormemente a nuestro país.

El principio de igualdad ante la ley seguirá en cuestión mientras se mantenga el actual esquema procesal. La búsqueda de los mejores mecanismos de coordinación y de alineación de los intereses públicos en juego es una labor posible y para la que estamos dispuestos a colaborar.

Por Ángel Valencia, Fiscal Nacional.