Columna de Antonella Oberti: Tras las rejas: El 8M que no vemos

En el marco de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es urgente hablar sobre un grupo de mujeres que suele quedar invisibilizado: aquellas que se encuentran recluidas o privadas de libertad. Esto es importante porque, si en espacios como las escuelas, la academia, el mundo empresarial y tantos otros, las mujeres enfrentan techos de cristal, en la cárcel hay muros invisibles infranqueables que, además de vulnerar sus derechos, impiden que el cumplimiento de una pena pueda ser un espacio propicio para desarrollar un proyecto de vida alejado del delito. Asimismo, porque desde el año 2000 la proporción de mujeres en prisión ha aumentado en más del 60% a nivel mundial, creciendo a una tasa muchísimo mayor que los hombres (22%)[1].

Chile no es la excepción: Solo en la última década, esta población ha aumentado en un 59%[2], y en los últimos tres años, en un 37%[3]. A fines del 2024 nuestro país tenía un total de 5.048 mujeres privadas de libertad, y 2.278 de ellas, casi la mitad, estaban en prisión preventiva, es decir, aún sin condena, a la espera de tener un juicio (en el caso de los hombres, este número es de un tercio del total). Asimismo, la gran mayoría de estas mujeres están en la cárcel por delitos asociados al microtráfico de drogas y delitos no violentos, como el hurto.

Ambos datos, la calidad procesal y el tipo de delitos, son muy diferentes en hombres. En su caso, la prisión preventiva representa cerca de un tercio de la población total y hay una mayor proporción de delitos violentos. Esto no es inocuo y nos debe recordar que cualquier análisis y abordaje de la privación de libertad de mujeres, requiere enfoque de género.

Asimismo, la vivencia de la cárcel de la población femenina dista mucho de la de sus pares hombres. En primer lugar, nuestro país no cuenta con políticas públicas penitenciarias diseñadas para esta población, si no que ha ido adaptando lo que hay en el camino. Por tanto, la escasa oferta programática disponible, omite aspectos vinculados al género que son fundamentales y en lo laboral, suele estar fuertemente asociada a lo estereotípicamente femenino, lejos de rubros ocupados tradicionalmente por hombres que reportan mayores oportunidades e ingresos.

Las mujeres son, además, menos visitadas que los hombres que se encuentran en prisión. Dado el impacto que la soledad y la falta de lazos significativos tiene, tanto en la salud como en procesos de reinserción, las razones de este fenómeno requieren ser estudiadas en profundidad. Desde la experiencia de Red de Acción Carcelaria, es común que las parejas se encuentren también presas o las hayan abandonado. Sumado a esto, debido a los costos que implica visitar, tanto en tiempo como en recursos económicos, pero sobre todo emocionales, muchas mujeres optan porque sus hijos y familias no acudan a verlas. Esto último tiene que ver en gran medida con la sensación de culpa, pero también, porque no quieren exponer a sus seres queridos a las condiciones y protocolos de ingreso y revisión.

Luego, el aspecto que probablemente más define la experiencia carcelaria femenina es la maternidad. Más de un 80% de las mujeres privadas de libertad son madres, tienen un promedio de 3 hijos, y casi el 90% eran jefas de hogar. La inmensa mayoría de esos hijos e hijas pasan a estar bajo el cuidado de otras figuras femeninas de la familia, como abuelas o tías, y sólo el 13% queda bajo el cuidado del padre[4]. Sin perjuicio de ello, lo común es que las mujeres sigan ejerciendo roles de cuidado desde la cárcel, preocupándose de que sus hijos estén seguros, se mantengan al día en sus tareas escolares o se levanten temprano. Asimismo, sucede que la ilusión de recuperar la libertad se asimila a la de recuperar a sus hijos.

El abandono estatal hacia las mujeres privadas de libertad se manifiesta también en las problemáticas que afectan transversalmente el sistema penitenciario: sobrepoblación y hacinamiento, condiciones de habitabilidad y salubridad deplorables, escasas oportunidades de acceder a espacios de capacitación y trabajo y graves deficiencias en prestaciones de salud básicas.

Pese a que el programa de gobierno de la actual administración incluyó nueve medidas que podrían impactar positivamente a este grupo, el nivel de cumplimiento de estas es prácticamente nulo. Si bien se ha avanzado, por ejemplo, en la entrega de artículos de gestión menstrual, la implementación del sufragio dentro de las cárceles y en inversión en infraestructura, estos avances han sido insuficientes.

Por el contrario, las tímidas mejoras implementadas no sólo se quedan cortas para los desafíos actuales del sistema, sino que además han sido opacadas por un inédito aumento de población y el giro marcadamente punitivista que ha tenido la agenda. Desde el 2022, se han aprobado más de 66 leyes en materia de seguridad y si bien algunas enfatizan en la prevención o en la forma en que se persiguen los delitos, más de la mitad apunta a aumentar penas de cárcel, tipificar nuevos delitos o hacer más difícil la aplicación de penas alternativas, sin tomar en cuenta ninguno de los factores que potencian los procesos de reinserción social.

Esto es profundamente preocupante. La evidencia a nivel global es clara en que más cárcel, no significa menos delitos ni mayor seguridad. De hecho, en muchos casos puede generar el efecto contrario: aumentar el encarcelamiento eleva los índices de hacinamiento, lo que decanta en mayores niveles de violencia intracarcelaria y menos posibilidad de éxito en procesos de reinserción social.

Fortalecer la seguridad pública es imperante, pero las acciones no pueden estar desvinculadas de la evidencia ni de estándares de Derechos Humanos. En su primera cuenta pública el Presidente Boric habló sobre la precariedad del sistema y de los programas de reinserción y comprometió mejorar las condiciones de las mujeres privadas de libertad. Esperamos que en lo que queda de gobierno se pueda enmendar el rumbo y que esta administración no sea recordada por sumarse a la falsa promesa de que más mano dura, conlleva más seguridad, y por dejar de lado a 55 mil personas que sufren la cárcel en carne propia.

Por Antonella Oberti, Directoria de Incidencia de Red de Acción Carcelaria

[1] (Reforma Penal Internacional & Instituto Tailandés de Justicia, 2023).

[2]Compendio GENCHI 2015. https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/estadisticas/compendio_2015/COMPENDIO_ESTADISTICO_2015.pdf

[3] Compendio GENCHI 2022. https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/estadisticas/Compendio_Estadistico_2022.pdf