Columna de Antonia Garcés y Juan Pablo Ramaciotti: Voto migrante, integración cívica e igualdad ante la ley

Durante los últimos días, la discusión sobre el voto obligatorio y las sanciones correspondientes ha encendido el debate. En medio de ello, ha surgido dentro del mismo debate la relevancia que podrían tener las personas migrantes en las elecciones de octubre, pero también en las que vendrán. Más allá de los aspectos contingentes de la discusión, es necesario realizar un análisis más profundo, que defina cómo queremos abordar los derechos políticos de las personas migrantes, la manera en que las integramos a nuestro país y de qué forma se hacen parte de una democracia que sea representativa de todos quienes somos parte de la comunidad nacional.

A nivel Latinoamericano, Chile es uno de los países más avanzados en materia de derechos políticos de personas migrantes, permitiendo el voto en elecciones nacionales, junto con Uruguay y Ecuador. En México, por ejemplo, para votar es necesario contar con nacionalidad. En el caso de Argentina, no se puede sufragar en elecciones nacionales, pero sí en elecciones provinciales y municipales.

Si hacemos algo de historia, en Chile, la Constitución de 1925 permitió el voto de personas extranjeras en elecciones municipales, siendo el primer país de Latinoamérica en reconocer este derecho. La Constitución de 1980, por su parte, lo amplió a elecciones nacionales. En los recientes procesos constitucionales, ninguno de los dos proyectos plebiscitados excluyó el voto de personas migrantes en sus borradores finales. Tres de cada cuatro personas venezolanas habilitadas para votar participaron en el plebiscito constitucional de 2022, lo que denota un interés importante por participar de la vida cívica del país.

A nivel global, según la evaluación del Migrant Integration Policy Index, Chile está en el lugar 20 de 56 países evaluados, en materia de integración en participación política de la población migrante. Esto nos hace ver que, si bien podemos tener hoy aspectos avanzados respecto de otros países, hay bastante espacio para mejorar en las condiciones en que integramos a la población migrante en nuestra comunidad política.

Estudios recientes dan cuenta que frente a un padrón electoral en el que se integra población migrante, que en el caso de Chile aumenta progresivamente, es fundamental que los mismos partidos políticos levanten estrategias que acerquen a estas comunidades, en lugar de excluirlas y retroceder en sus derechos y niveles de integración. Y ello pasa por contar con programas de gobierno (a nivel nacional y local) que integren sus problemáticas, con candidatos y candidatas de las mismas comunidades y con narrativas que apunten a la enorme contribución que hacen al desarrollo de nuestro país.

Al mismo tiempo, es necesario que el marco jurídico refleje el principio de igualdad ante la ley para nacionales y extranjeros, aplicando los mismos derechos y deberes ante las elecciones. Esto supone que no se discrimine de manera arbitraria en el ejercicio del derecho a sufragar y que las sanciones por no cumplir con el deber de votar sean las mismas para toda la comunidad política.

Por Antonia Garcés Sotomayor, Fundación Avina, y Juan Pablo Ramaciotti Morales, Centro de Políticas Migratorias