Según datos de la Superintendencia de Educación, al primer semestre de 2022 las denuncias de maltrato físico o psicológico entre los estudiantes aumentaron en nuestro país un 56,2% respecto del período 2018 y 2019.
En 2024 esta tendencia se mantiene al alza y con diversos casos que han adquirido una connotación pública relevante. Casos como el del colegio Saint George, en donde estudiantes mediante IA crearon imágenes sexualizadas de sus compañeras o la noticia de la indemnización millonaria que deberá pagar un Establecimiento Educacional de Calama condenado producto de un caso de bullying hacia una alumna que cursaba sexto básico, son acciones por las que es necesario hacer algunas reflexiones.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta -en el último caso mencionado- confirmó que, si bien el establecimiento educacional acreditó la realización de una serie de acciones consistentes en remediar todo lo ocurrido, estas no fueron suficientes debido a la propia gravedad de los hechos. Es indudable que la efectividad de las medidas reparatorias es mínima, si las comparamos con los beneficios de éstas si son preventivas. Por ello, es necesario que cada establecimiento educacional conozca y haga uso correcto -y a tiempo- de sus protocolos y no basta que solo las personas a cargo de activarlos conozcan de los procedimientos para estos casos, sino que es necesario instruir a toda la comunidad educativa de los mismos, desde los educadores, directivos y personal de apoyo, hasta los estudiantes y sus familias.
Junto con lo anterior, debemos estar claros que es imposible ser responsables con el tratamiento de esta problemática solo con nuevas normativas, reglas y consejos. Debemos ser coherentes y empáticos con las diversas realidades que vemos en nuestra sociedad para actuar a tiempo y de forma efectiva. No debemos olvidar que actualmente estamos hablando de que nuestros niños, niñas y adolescentes están abandonando sus establecimientos por ser víctimas de hechos difíciles de sobrellevar, y pese a que esta problemática alcanza a todo tipo de nivel de escolaridad y situación socioeconómica, son nuestros menores más vulnerables quienes más lo sufren.
Sin perjuicio de lo anterior, no podemos dejar fuera de esta ecuación a las familias de cada estudiante. Ellas son principales transmisores de valores y conductas de las personas, de allí surgen sus primeros ejemplos a seguir, sus primeros mentores o referentes, sus temores, sus formas de relacionarse con otros, sus formas de tolerar diferencias, de abordar problemas, entre otras. Es por lo mismo, que tener programas o planes eficaces que apoyen a las familias con herramientas para aportar y contribuir en la mejora de las debilidades o limitaciones que tenemos para hacernos cargo de estas temáticas, sería un aporte significativo que podríamos hacer como Estado.
Es necesario desterrar de nuestras mentes que estamos frente a “una generación de cristal”. Los niños, niñas y adolescentes del hoy, son los adultos del mañana y si continuamos omitiendo que las comunidades educativas son su primer entorno externo, tendremos una sociedad evidentemente más violenta, poco empática, menos saludable emocional y mentalmente y lograremos consolidarnos como una sociedad con adultos que lamentaremos de por vida para las futuras generaciones de nuestro país.
Educación emocional, compromiso de cada miembro de la comunidad educativa, acompañamiento de las autoridades en la constante mejora y capacitación a los miembros de la comunidad para afrontar responsable y diligentemente estas situaciones, son algunas de las tareas pendientes que tenemos en nuestra sociedad.
Por Anyvic Aguilera Cruz, jefa de Proyectos Centro de Educación Ciudadana, Universidad San Sebastián
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