“Deja moverme”, propone la campaña de Uber, empresa de transporte que opera en Chile desde 2014. La razón para poblar las calles con esta campaña publicitaria es la aprobación de un reglamento impulsado por el Ministerio de Transportes como parte de la ley 21.431 que regula el trabajo de plataformas en el país. En el reglamento se proponen una serie de indicaciones, varias relacionadas con las condiciones laborales, identificación y caracterización de quienes prestan servicios. Todo esto con el fin de lograr algo que hasta ahora ha sido difícil en muchos países: que empresas como Uber –que se definen como no reguladas- puedan operar en la legalidad y en una cancha con reglas claras para todos los actores involucrados en su operación. Si bien la campaña de Uber y la discusión mediática se enfoca en la importancia de sus servicios para los consumidores y la pérdida de empleos, poco se habla de la calidad del trabajo que esta y otras plataformas ofrecen, así como de la importancia de la regulación en relación a un modelo que se presenta como el “futuro del trabajo”.
La investigación reciente destaca que el trabajo de plataforma se caracteriza por tensiones derivadas del control algorítmico y la precarización laboral. Este tipo de trabajo, descentralizado y con bajas barreras de entrada, ofrece flexibilidad para experimentar diferentes regímenes laborales y desarrollar habilidades específicas. Las plataformas utilizan un modelo de negocios de intermediación digital para evitar costos fijos y externalizar gastos, ofreciendo relaciones laborales abiertas y autonomía a los trabajadores en términos de horarios y métodos. Se prescinde del control jerárquico, sustituyéndolo por herramientas como la geolocalización y la “gamificación” las que, paradójicamente, permiten contar con mecanismos de control mucho más intensos e intrusivos. Además, las plataformas permiten la realización de actividades en diferentes lugares, desvinculando la organización espacial del trabajo.
Uber es una empresa de tecnología que intermedia a través de su app o plataforma digital la relación entre oferta y demanda por transporte. Esta tecnología permite una intermediación de alta eficiencia para los consumidores, ejerciendo niveles de control sobre los conductores que los empleadores tradicionales no tienen. Las bajas barreras de entrada que Uber y otras empresas ofrecen ha permitido que casi 180 mil personas en el país presten servicios de transporte, ya sea como actividad principal o secundaria. Así como Uber, son varias las apps o plataformas digitales que se están convirtiendo en fuente de ingresos para –aproximadamente– un 2,3% de la fuerza laboral en Chile, según los datos experimentales que ha publicado el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En su campaña para incidir en el reglamento del Ministerio de Transportes, Uber despliega estrategias ya conocidas en otros países, apuntando a la pérdida de ingresos para quienes prestan servicios y escasez de oferta de transporte para las personas. Provee datos y organiza seminarios para que instituciones imparciales como las universidades analicen el impacto de estas indicaciones en su negocio. Despliega una campaña publicitaria en las calles, en los medios y en las redes sociales difundiendo sus mensajes. Se organiza con otras empresas como Pedidos Ya, Rappi y Cabify y arman una asociación liderada por la exdiputada Marcela Sabat para influir en los procesos regulatorios.
Esta visibilidad se contradice con la opacidad de un mercado que se consolidó en el país durante la pandemia, tanto por el ingreso de trabajadores a este mercado que ofrece remuneraciones rápidas y con bajas barreras de entrada, como por la consolidación de la demanda por estos servicios. A través de los informes de Fairwork (fair.work) hemos podido saber que Uber ofrece bajos estándares de trabajo justo (en dimensiones tales como pago justo, condiciones justas, contratos justos, administración justa, y representación justa). Por ejemplo, entre 2022 y 2023, Uber no cumple con ninguna de estas condiciones en 12 de 20 países, incluido Chile.
En nuestro país hemos podido observar –desde la voz de los trabajadores/as— las dificultades a las que se enfrentan conductores y repartidores de apps cuando sus cuentas son desactivadas sin posibilidad de apelar a esa decisión, cuando sufren accidentes o malos tratos por parte de clientes sin recibir respuesta de las apps, o cuando tienen que aceptar pedidos independiente del alto costo físico y emocional que pueda significarles, si no el algoritmo los invisibiliza para futuros trabajos. También vemos la incertidumbre que enfrentan por las asimetrías de información que facilitan las plataformas, por ejemplo, en relación al cálculo para definir el pago por los servicios prestados.
La importancia de visibilizar los desafíos que el trabajo de plataformas plantea a las personas, los mercados laborales y marcos regulatorios, se inserta en una conversación más amplia sobre el proceso creciente de desestandarización de las relaciones laborales, un proceso que pone en tensión toda la infraestructura del Estado de bienestar. La gestión algorítmica y la organización del trabajo a través de estos dispositivos tecnológicos se está expandiendo a distintos mercados y servicios públicos, lo que va a transformar de manera radical las dinámicas laborales y la manera que tenemos de organizar y gestionar los derechos y garantías sociales. Es urgente tratar estos temas como sociedad integrando el conocimiento y la voz de distintos actores (empresas, reguladores, trabajadores, academia), porque no se sabe cómo lograr un equilibrio en estos nuevos mercados otorgando flexibilidad laboral a las miles de personas que participan en ellos, de forma justa, no precaria.
Por Arturo Arriagada, Universidad Adolfo Ibáñez-Fairwork Chile, en conjunto con Pablo Egaña, Universidad Adolfo Ibáñez-Fairwork Chile; Francisco Ibáñez, Fairwork Chile; Francisca Gutiérrez, Universidad Austral-Fairwork Chile; Jorge Leyton, Universidad de Bristol-Fairwork Chile
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