Una vez conocida la decisión del Comité de Ministros, que en forma unánime y como era de esperar, acogió 12 reclamaciones en contra de la resolución del Coeva de Coquimbo -que había aprobado el proyecto Dominga, por 11 votos contra 1-, es necesario detenernos a reflexionar sobre nuestro mecanismo de evaluación ambiental de proyectos.
Sin entrar a evaluar la decisión adoptada por el propio Comité de Ministros, abordaré un asunto que considero de la mayor importancia para el funcionamiento de nuestra institucionalidad ambiental.
Me refiero a que no es posible, e incluso me atrevo a decir impresentable para la sociedad y los inversionistas nacionales y extranjeros, que la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental de una iniciativa como Dominga, tarde ya más de 10 años. Con esto, lo único que favorecemos es la generación de una mayor incertidumbre, lo que trae consigo el alejamiento de las inversiones que necesitamos para el desarrollo del país, así como también siembra un manto de dudas sobre nuestra seguridad jurídica.
Por otra parte, es necesario realizar ajustes al Comité de Ministros, ya que no es posible que una instancia política como esta, en que sus integrantes son funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República, y además nombrados por el mismo Mandatario, sean los llamados a resolver en forma imparcial los asuntos que se someten a su conocimiento. Junto a lo anterior, los ministros de las carteras que conforman este comité, no siempre cuentan con las competencias técnicas necesarias para resolver asuntos de alta complejidad técnica y científica.
A mayor abundamiento, se encuentran los dichos del Presidente Boric, que declaró abiertamente su rechazo a Dominga el mismo día en que fue electo, el 19 de diciembre de 2021. Sin lugar a dudas, estas declaraciones condicionan a sus ministros y en cierta forma los inhabilita de tomar decisiones de forma independiente, razones más que suficientes para eliminar el Comité de Ministros, respecto de lo cual existe consenso en diferentes sectores políticos.
Otro asunto que no debemos olvidar es el principio que debe regir en todo Estado de derecho, que es el de la separación de poderes, tan de moda en estos días. La actuación del Comité de Ministros –como parte del Poder Ejecutivo- de alguna forma modifica resoluciones tomadas por el Poder Judicial, como es el caso de la resolución dictada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que, dicho sea de paso, es integrado por un juez científico, no abogado, y que aprobó el proyecto Dominga.
Por último, pero no menos importante, como sociedad debemos avanzar hacia un ordenamiento territorial que defina “lo que queremos hacer y dónde” y evitar que esta discusión aparezca durante la tramitación de algunos proyectos.
Espero que el pronunciamiento nos haga reflexionar sobre las mejoras que deben ser incorporadas al SEA, robusteciendo a este servicio en un proceso de mejora continua.
Mientras tanto…, preparémonos para el siguiente capítulo de Dominga.
Por Arturo Brandt, consultor en Grupo Vial Abogados
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