Columna de Ascanio Cavallo: Desde el pantano

El gobierno dispone de poco más de tres meses, suponiendo que pueda utilizar algo de febrero, para tratar de avanzar, no en su programa original, sino en alguna medida que justifique su paso por la historia. En abril comienza al ajetreo para las elecciones municipales y de gobernadores y desde allí esa tómbola no parará hasta el final del cuatrienio. Sin embargo, sus posibilidades en el Congreso son las mismas de antes, o acaso peores, depende de cómo se mire. De ningún modo mejores.

La conclusión lógica es que necesita hacer algo para salir del empantanamiento. Dado que el Congreso no cambiará, la iniciativa sólo está en sus manos. Bajo un régimen como el chileno, el gobierno habla por las leyes o por la conformación del gabinete. Son los vicios y las virtudes del presidencialismo.

Probablemente es de aquí que en algunos mentideros se ha venido especulando sobre la posibilidad de que el presidente analice (o esté analizando, nunca se sabe) un cambio de equipo, que, con todas sus dificultades, siempre es menos dramático cuando no nace de una derrota (como fue el de septiembre del 2022) o de un desastre institucional.

Hay varias razones. La primera, y acaso la más leve, es dar un cierre político al proceso constitucional. Nadie, ni siquiera el Partido Comunista, se ha propuesto volver a revisar la Constitución antes del 2025, incluso cuando está claro que para algunos es la nueva “vía al socialismo” (salvo que…, desde luego). No habrá nueva Constitución firmada por Boric; seguirá vigente la que firmó Lagos. Punto aparte.

La segunda razón es el hecho de que la sub-subcoalición del presidente, el Frente Amplio, ha empezado a entrar en lo que parece una crisis terminal, luego de que el Servel ha requerido la disolución del menor de sus tres partidos, Comunes, acusado de “reiteradas” trasgresiones a la ley que da subsidios del estado a los partidos.

Comunes se viene a sumar a Revolución Democrática, algunos de cuyos dirigentes están objetados también por el uso indebido de recursos del estado. Dos de los tres partidos del Frente Amplio están acusados de cosas similares, que son el abuso (o el uso ilícito) de recursos públicos, lo que ya empieza a esclarecer algunas razones de su estadofilia.

La suma de lo que Comunes y Revolución Democrática le han sacado al estado es, a estas alturas, simplemente astronómica. A ambos partidos les conviene ahora mimetizarse en un partido nuevo, pero el Frente Amplio se ha tomado en esto un tiempo bíblico. Entre tanto, corre el riesgo de que sus actuales socios les pavimenten con rosas el camino a la desaparición, como hizo el PSOE con Podemos. El astuto Pablo Iglesias no alcanzó a darse cuenta cuando ya estaba fuera del gobierno, del Congreso y de la política española.

¿Cuánto ayuda la exacción de recursos fiscales al “pacto fiscal” que busca el ministro de Hacienda? Nada. No sólo nada. Todo lo contario. Ayuda más bien a la percepción de que, si los ciudadanos ya están bastante abrumados con las duras condiciones de la economía del último año, es un despropósito seguir cargándolos de impuestos que para peor terminan financiando a esos partidos.

Esa discusión es un poco cerrada, porque enfrenta argumentos técnicos con la muy subjetiva percepción de que funcionarios y políticos ya tienen mucho con vivir del estado. También es cerrado, aunque de otra manera, el caso de la reforma de pensiones. ¿Qué posibilidad hay de que el gobierno logre extraer puntos de las cotizaciones adicionales para que sean administradas por entes estatales? ¿Y qué posibilidad hay de que la ministra del Trabajo pueda conceder algo significativo a la oposición de derecha? Ninguna. La invención a última hora de un punto “para las salas cuna” muestra la inestabilidad del proyecto, aunque probablemente se trate sólo de una triquiñuela para amenazar a la oposición con el voto femenino. No se trata de que la ministra sea eficiente o no: es que para, el ideario comunista, no es posible que una ministra suya entregue las cotizaciones previsionales sin dejar un trozo para un fondo estatal. En eso, simplemente, no es posible esperar la “flexibilidad” que le pide, por ejemplo, el senador de RN Rodrigo Galilea. En las condiciones que requiere el PC -la ministra-, esa reforma es inviable.

En salud, se libra hace meses una guerra entre una ministra que trata de evitar una catástrofe en las Isapres, intuyendo que provocaría un efecto dominó en todo el sistema, y algunos altos funcionarios que se han propuesto alegremente reventar a las Isapres porque les parece que con ese dinero el estado se las arreglaría de lo más bien. Esto se sabe desde el primer día, pero ahí está: empeorando.

Hay más ministerios y reparticiones donde se requiere una intervención; algunos porque hacen mucho y no funcionan, otros, porque no hacen mucho. Posiblemente el único intocable, en este período, es el ministro de Vivienda Carlos Montes, convertido en tal por la acusación constitucional que presentó la derecha, en principio inviable porque no tiene los votos, aunque también peligrosa porque en el Congreso basta una brisa interna para alterar las cosas. Todo el resto es territorio abierto.