El jueves 1, poco después de conocerse la sentencia de la CIJ acerca del río Silala, el Presidente boliviano, Luis Arce, distribuyó un comunicado en el que afirma que en La Haya se acababa de ratificar “nuestros derechos sobre las aguas del Silala” y que “Bolivia resolvió la controversia con un pueblo hermano gracias al trabajo basado en estudios científicos”. No es muy claro si esta descripción busca atemperar el sentimiento de derrota o proteger a los responsables de ella.
En marzo de 2016, cuando comenzaba a desinflarse su campaña internacional para someter a Chile a la “obligación de negociar” una salida al mar, el entonces Presidente Evo Morales quiso doblar la apuesta y anunció el estudio de una segunda demanda contra Chile, esta vez por “robar” las aguas del Silala, al que definía como “manantial”. Unas semanas después, para mostrar que iba en serio, creó una Dirección Estratégica de Defensa de los Manantiales del Silala y Todos los Recursos Hídricos en Frontera con la República de Chile. Atención: “todos” los ríos, no sólo el Silala.
El gobierno de Bachelet 2 no vio razón para no tomarse en serio la amenaza de Morales; la respaldaba, además, todo su gobierno, incluyendo a figuras que mostraban un particular entusiasmo, como el vicepresidente Álvaro García Linera o el canciller David Choquehuanca. En cuanto los diplomáticos chilenos salieron a buscar abogados y expertos internacionales, supieron que el gobierno boliviano ya había iniciado contactos con algunos de ellos. La entonces directora de Fronteras y Límites, Ximena Fuentes (por lo demás doctorada con una tesis sobre los cursos de agua internacionales), encabezó un grupo de trabajo que sigilosamente estudió el caso para anticiparse a la ofensiva de Morales. El 6 de junio de 2016 Chile presentó esa demanda ante la CIJ. El gobierno de Morales pasó más de 26 horas en el desconcierto, hasta que pudo confirmar que había sido demandado.
En noviembre de 2018, Evo Morales y sus aláteres, acusados todos de fraude electoral, fueron expulsados del gobierno de La Paz y dos años después ganó las elecciones Luis Arce, su exministro de Economía. Desde entonces, la diplomacia profesional boliviana avanzó en la conclusión de que no podría seguir defendiendo la tesis de que el Silala era un “manantial”. Las pruebas geológicas acumuladas por Chile eran abrumadoras. Bolivia fue modificando su posición en los documentos que presentaba a la CIJ, hasta que admitió que, en verdad, el Silala es un río internacional y que, por lo tanto, está sometido al uso compartido y el derecho consuetudinario. De allí que, en su sentencia, la CIJ llegó a declarar que sobre este punto -el sustancial- no hay controversia, con lo que el resto de los reclamos y peticiones es irrelevante.
¿Por qué este recuento? Porque la amenaza sobre el Silala puede haber sido uno de los actos más irracionales del gobierno de Evo Morales en su campaña antichilena. Bolivia comparte con Chile 17 recursos hídricos de diversa importancia, pero sólo cinco de ellos pasan desde Bolivia a Chile; todos los demás van desde Chile hacia Bolivia. Era bastante más probable que una espiral de hostilidades sobre las escasas aguas nortinas terminase por favorecer, en el todo, a Chile.
El reclamo por el Silala tenía una historia antigua en el Departamento de Potosí, que varias veces exigió que Chile le pagase por el uso de las aguas del Silala durante casi todo el siglo XX; pero para Morales lo más importante era su ubicación en lo que antes de la Guerra del Pacífico era llamado “Departamento del Litoral”, en el altiplano sobre Calama y Antofagasta, lo que le permitiría dar volumen estratégico a su reclamo sobre territorios “usurpados”. Ambas cosas apuntaban a un escalamiento de la tensión con Chile, como confirmaría poco después de la demanda el canciller Choquehuanca con una imprudente incursión en los puertos de Arica y Antofagasta.
La diplomacia chilena hizo ver a La Paz, una y otra vez, que la conducta de Morales estaba llevando la relación bilateral a su peor nivel desde la Guerra del Pacífico. Ninguna de esas advertencias sirvió de nada. Y el resultado han sido dos sentencias consecutivas adversas para Bolivia. Pocos países han sufrido ese tipo de castigo jurídico.
Es la herencia que Evo Morales le ha dejado a su país en materia de política vecinal, alentado por una corte de seguidores que nunca fue capaz de decirle que no.
¿Y en Chile? El Presidente Boric reunió a los tres poderes del Estado y a dirigentes de todos los partidos para escuchar la sentencia y luego comparecer ante la prensa. Los dos centros de su mensaje fueron 1) subrayar la unidad del Estado frente a una controversia externa, y 2) relevar el hecho de que la política exterior es un asunto de Estado, lo que permitió que la conducta de Chile atravesara por tres gobiernos diferentes sin variaciones, hasta obtener el triunfo del jueves.
¿Es posible sostener esta segunda afirmación? En el caso del Silala, sin duda. Pero otros temas sensibles de la política exterior han sido severamente afectados por un esfuerzo, más voluntarioso que eficaz, para alterar sus patrones históricos. La base de esa alteración es una perspectiva ideológica que busca crear un campo de fuerzas antagónicas entre “ellos” y “nosotros”, entre “los 30 años” y “ahora”. Hay una fantasía nacida no en Chile, sino sobre todo en campus universitarios anglosajones, donde se ha fraguado el enorme acto de ilusionismo intelectual de estos años: los colonizadores de antaño les enseñan a los colonizados cómo descolonizarse. Hasta Gramsci habría despreciado esta forma de recolonización de segundo grado.
No son políticas de Estado maltratar embajadores, alterar tratados, dar lecciones de moral mundial ni sospechar de los socios del país.
Es imposible que las personas inteligentes del gobierno no perciban esta aporía: en ocho meses de gestión, como no había ocurrido nunca antes, la política exterior se ha convertido en una de las zonas más polémicas del gobierno. Los únicos que pueden declararse inocentes de esto son los más afectados: los profesionales de la diplomacia chilena.
