Según el informe de Carabineros, el miércoles 18 hubo “sólo” un 30% de incidentes callejeros en relación con el año pasado. Nunca se sabe cuándo algo puede encender la imaginación entusiasta, pero, por ahora, parece que el fuego del 2019 está en extinción. Las encuestas dicen que la disrupción de hace cuatro años perdió prestigio y ahora una mayoría estima que no fue positiva.
¿Qué es lo que queda de hace cuatro años en ese “sólo” 30%? Según versiones policiales, los detritos de la llamada “primera fila”, un grupo multiforme de jóvenes, posiblemente líderes de esquinas y calles pequeñas, desocupados o en el filo, con alta disposición al riesgo, acostumbrados al roce con la policía. Este es precisamente el hecho clave del 2019: la policía fue derrotada. Con eso se desplomó por meses el imperio de la ley y se abrió el paso libre a los saqueos, los asaltos, el vandalismo, las ocupaciones y otras formas delictivas. En el clima intelectualmente emponzoñado de aquellos días, el Parlamento consideró tan admirable esas conductas, que llegó a invitar a un grupo de la “primera fila” y lo rodeó de unos honores más que dudosos. Hoy, cargadas de decepción, esas personas han de estar pensando en el Congreso como un tugurio de mentirosos. Y en que otra vez se están volviendo olvidables.
Dos años después, sobre la inercia de esa disrupción llegaron a las presidenciales dos candidatos que representaban el elogio y el rechazo de los sucesos del 2019. Triunfó Gabriel Boric, con el apoyo de todos los que creían que aquellos hechos significaban una especie de programa de gobierno, con reformas tumultuosas y estructurales. La derrota de la Convención Constitucional derrumbó ese espejismo cuando Boric no cumplía ni seis meses en La Moneda.
¿No será un exceso decir que lo derrumbó? El hecho seguro es que desarmó el mapa cognitivo del gobierno: lo que creía justo dejó de serlo, el país que imaginaba dejó de existir, la superioridad moral no era tal y las capacidades de gestión dejaron de funcionar. La manifestación de esto ha sido el llamado “caso convenios”, que habría tenido otros alcances si quienes montaron el sistema para extraer recursos del estado hubiesen podido mostrar que los estaban empleando en forma eficiente. O quizás siempre fue imposible, porque la palabra “eficiente” está fuera del vocabulario económico del Frente Amplio, acaso demasiado neoliberal. No lo llegaremos a saber.
El mayor tiro por la culata de la historia de Chile es el proceso constitucional, iniciado para preparar una institucionalidad de izquierda, pero que terminará con una de derecha. Es una ironía que la opción que le queda a la izquierda sea apostar al fracaso de este proyecto de Constitución, echando abajo todo el proceso de cuatro años, o aceptarlo con los dientes apretados para esperar otro momento más propicio. Inolvidable.
Y el coletazo más oportunista es la postergación del debate sobre la reforma previsional hasta después del plebiscito constitucional. Esa estrategia se funda en la esperanza de que el proyecto de Constitución fracase (como lo propicia, ya explícitamente, el partido de la ministra). De otro modo corre el riesgo de un segundo tiro por la culata: aumento de las cotizaciones, pero enteramente consagrado al ahorro privado.
El último proyecto relevante, la reforma tributaria, parece encaminado al naufragio, incluso en el tamaño jibarizado en que ya está. En el análisis que prevalece entre los economistas, la razón principal no es la tozudez de la oposición, sino la incapacidad del propio gobierno para ofrecer signos de que la calidad de vida del país está mejorando. Ocurre lo contrario. Si se toma como fecha fundacional la disrupción del 2019, los datos son más malos que los de entonces, en cualquier dimensión. Pero si la fecha es la de la inauguración del gobierno -el olvidado marzo del 2022-, tampoco es mejor. La principal razón es que el avance no lo dirige el Ministerio de Hacienda, sino un conjunto de ministerios con agendas independientes, a menudo contradictorias, la mayoría de los cuales no cree en el único objetivo que puede tener Hacienda, que es estimular el crecimiento.
Es muy difícil que el gobierno de Boric entregue un Chile mejor que el que recibió. En un año y medio ha tenido que enfrentar condiciones objetivas catastróficas -pandemia, inflación, recesión, guerras-, con una mala combinación de inexperiencia y vértigo de poder, que no se expresa sólo en el gobierno central, sino especialmente en la nervadura de servicios, agencias sectoriales y gobiernos territoriales.
Esto sería un mal resultado. Pero hay uno trágico: que se produzcan retrocesos de dos o más décadas, como se insinúa en el déficit habitacional, la calidad de la educación básica y media, la criminalidad y la calidad vida de las ciudades, especialmente las de regiones, como muestra el libro más reciente de Iván Poduje, Chile tomado. Algunos de estos problemas derivan de presiones inesperadas -la vivienda, por ejemplo, que no contaba con la inmigración masiva-, pero para eso existen los gobiernos: para contener los desbordes. Otros, como el conflicto mapuche -expandido de dos a cuatro regiones- sólo han crecido por la rendición de la ley. Si la denuncia en contra de “los 30 años” se convierte en el retroceso de 30 años, el gobierno se volverá inolvidable.
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