Esta semana cayó el cruel régimen de Bashar al-Assad en Siria. Todavía falta mucho para saber qué destino le depara al pueblo sirio, pero sin duda despierta algo de optimismo que los dictadores caigan, aunque al Partido Comunista de Chile no le guste.
La situación de Siria y Venezuela son muy diferentes, pero la caída de Al-Assad nos recuerda que las dictaduras dependen del oxígeno que le proporcionan sus aliados, y que su destino está en manos de su propio pueblo.
Chile (y en particular el Presidente Boric) no es ningún aliado de Maduro, tanto así que nuestros diplomáticos fueron expulsados de Caracas. Sin embargo, el gobierno ha hecho pocos esfuerzos para dificultar la vía de oxígeno que Maduro sigue recibiendo de sus aliados y cómplices pasivos. En la región, Chile cambió una voz fuerte y clara por una más tímida y a ratos confusa, bailando al ritmo de México, Colombia y Brasil, que hoy se declaran “desinteresados”. Y luego tenemos a Cuba, que pese a habilitar la dictadura venezolana, es intocable para el Presidente Boric y sus socios.
Por otro lado, el apoyo de nuestro gobierno a la oposición venezolana ha sido poco entusiasta. El Presidente Boric acusó el fraude electoral de Maduro, pero todavía no reconoce a quien legítimamente ganó esa elección: Edmundo González. Para justificar su posición de medias tintas, el gobierno ha sostenido que el reconocimiento de González le corresponde solo al pueblo venezolano. Pero su argumento es falaz, porque la voluntad popular ya fue claramente expresada con un papel y lápiz en la elección de julio pasado. A diferencia de Juan Guaidó, Edmundo González ganó una elección y anunció que estará en Caracas para asumir in situ la Presidencia que le corresponde el 10 de enero. ¿Qué postura tomará el gobierno de Chile el próximo mes? ¿Reconocerá como Presidente a quien ganó la elección con más de siete millones de votos?
Por último, el gobierno ha sido demasiado cauto en usar la arquitectura multilateral para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, con un mensaje elocuente pero de limitada ejecución. Las palabras del Presidente Boric se vuelven menos creíbles cuando no están acompañadas de gestiones en la fiscalía de la Corte Penal Internacional, o una participación más activa en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El fin de Maduro es todavía una interrogante, pero el gobierno de Chile actúa como un espectador que no está demasiado interesado en la solución. Lo que quizás el gobierno olvida es que Maduro no solo constituye una amenaza a la democracia y los derechos humanos en Venezuela, sino también a la seguridad regional y nacional. La solución a la crisis en Venezuela para Chile no es una opción, es un imperativo.
Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado Horizontal
