Columna de Brigitte Leal: Taxonomía e inversión verde en Chile

Por estos días se presentó la Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles (T-MAS), también conocida como “taxonomía verde”, por parte del Ministerio de Hacienda. El ministro Mario Marcel destacó la creación de la taxonomía como un mecanismo público que ayudará a reducir costos de transacción en decisiones de inversión sostenible. También destacó la amplia participación de la cual ha gozado su proceso de creación, convocando al mundo público, empresarial y organizaciones no gubernamentales, entre otros.

Las taxonomías verdes –cuyo lenguaje forma parte del quehacer diario de las ciencias– han sido creadas e implementadas en diversas partes del mundo. Destacan, a este respecto los países de la Unión Europea, que han inspirado diversas políticas de protección ambiental en Chile. El objetivo de una taxonomía verde es homologar, mediante un lenguaje común basado en la ciencia, cuándo una actividad económica se está llevando a cabo de manera sostenible. Ello es particularmente relevante cuando la información de sostenibilidad ambiental es incompleta o muy cambiante, lo que incrementa el riesgo de “lavado verde” o greenwashing. Las taxonomías nacionales pueden ser interoperables entre sí, pero cada una debe reflejar las particularidades propias de las economías domésticas. En el caso de Chile, nuestra taxonomía será especialmente relevante para orientar decisiones de inversión en el ámbito de la minería.

Es importante considerar que la taxonomía verde no es una regulación obligatoria para las decisiones de inversión. No es, por tanto, una lista de requisitos que deben ser verificados para realizar alguna actividad empresarial. No obstante, al fijar estándares normativos ampliamente compartidos por la comunidad científica y técnica, la taxonomía verde puede ser una guía útil para ulteriores marcos regulatorios.

La taxonomía verde estará al servicio de importantes actores de la economía nacional. Desde luego, servirá de guía al sector financiero para encauzar inversiones hacia actividades sostenibles. También, estará al servicio del sector productivo, puesto que permitirá evaluar y comunicar la sostenibilidad de una actividad en particular. Finalmente, estará al servicio del sector público, al establecer estándares, etiquetas y criterios de actuación que ayudan a guiar la inversión sostenible hasta su implementación.

Los objetivos medioambientales contemplados por la taxonomía son seis: mitigación del cambio climático, adaptación, uso sostenible de recursos hídricos y marinos, economía circular, prevención y control de la contaminación, y conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad. Todos ellos representan objetivos de política ambiental y económica que marcarán, en las próximas décadas, el desarrollo de importantes nuevas instituciones y regulaciones en nuestro país.

Por Brigitte Leal. Abogada y Doctora en Derecho. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.