Columna de Camila Jara, Javiera Peña y Macarena Sánchez B.: Conflictividad en las escuelas: reflexiones con motivo de la movilización docente

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile realizó el miércoles un paro de 24 horas denunciando una escalada de agresiones, acoso y malos tratos hacia los docentes en todo el país. Investigaciones nacionales han descrito los desafíos que enfrenta actualmente la institución escolar en Chile debido al aumento de la violencia, además de un incremento en las dificultades relacionadas con la dimensión relacional y la convivencia escolar. Según el estudio de Galdames-Paredes y colegas (2023), la violencia hacia los profesores se ha consolidado como un fenómeno permanente, sin que haya existido en dos décadas un desarrollo político, normativo o investigativo suficiente que permita su reconocimiento, comprensión e intervención. Asimismo, señalan que no hay estadísticas nacionales que permitan dimensionar el fenómeno con precisión, ya que las denuncias ante organismos gubernamentales no se especifican respecto a los profesores, sino que se mezclan con otros actores del sistema escolar.

Estos hallazgos coinciden con investigaciones que destacan los desafíos que enfrentan las comunidades escolares producto de las nuevas formas de relación e interacción de los estudiantes y la erosión de la tradicional autoridad docente que sustentaba el vínculo con la escuela (Neut, 2021; Zamora et al., 2020). Es así como, también, se ha identificado a las dificultades en la gestión del aula como una de las causas de deserción entre los profesores nóveles (Rufinelli, 2014).

Esto ocurre en un contexto donde, en solo en los últimos cinco años, se han agudizado procesos y producido cambios sustanciales que afectan el escenario socioeducativo, dando paso a un nuevo escenario de conflictividad. El estallido social interrumpió la rutina escolar y visibilizó un ambiente de polarización política. La crisis sociosanitaria causada por Covid-19 representó un gran desafío para las instituciones políticas y educativas, así como para la sociedad en general, con efectos aún en desarrollo. Coincidentemente, la Ley 21.040 de 2017, que crea el Nuevo Sistema de Educación Pública y da inicio al proceso de desmunicipalización, y la Ley de Inclusión Escolar (N° 20.845) de 2015, que regula la admisión de estudiantes y prohíbe el lucro en establecimientos con financiamiento estatal que, junto con la Ley Tea (2023) y la nueva Política Nacional de Convivencia Educativa (2024-2030), han exigido un esfuerzo significativo de los diversos actores del sistema para adaptarse a esta nueva arquitectura institucional.

El conflicto es una presencia cotidiana en las escuelas, pero ha sido escasamente abordado en la literatura educativa. Suele, más bien, haber omisión o indiferencia hacia la realidad del conflicto, que a menudo se ve como una patología que debe ser tratada y evitada. Es fundamental, por tanto, atender los procesos de conflictividad educativa actuales, identificando y analizando los principales tipos de conflictos, así como las estrategias, soportes y recursos que los docentes y equipos directivos utilizan para gestionarlos.

La movilización de profesores y profesoras realizada es un llamado de atención y una interpelación a la opinión pública, a las políticas educativas y a la investigación nacional, instándonos a asumir la responsabilidad de contribuir al mejoramiento de este problema. Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado entre todos los actores involucrados podremos avanzar hacia un entorno educativo más seguro, acogedor y capaz de cumplir efectivamente con su rol de formar a las nuevas generaciones.

Por Camila Jara, Javiera Peña y Macarena Sánchez Bachmann, Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) Universidad Diego Portales