A días de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que derrocó la democracia en Chile e inició una de las etapas más oscuras de la historia nacional, caracterizada por el horror y la comisión sistemática de los crímenes más cruentos, resulta urgente la definición de un compromiso político amplio en torno al “Nunca más”.
Son muchas las deudas que permanecen pendientes en materia de verdad, justicia, memoria, reparación de las víctimas y garantías de no repetición. En particular, es importante insistir en visibilizar la violencia política sexual que en dictadura se ejerció de manera sistemática y generalizada, afectando a mujeres de diversas edades, condiciones sociales y participación política, incluyendo a niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Esto, a lo largo de todo el territorio nacional y por parte de agentes del Estado de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
Reconocer y visibilizar la violencia política sexual que fue parte del régimen dictatorial ha sido una de las tareas a las que se han abocado las organizaciones feministas, a través de estudios, investigaciones, seminarios, conversatorios, campañas y la presentación de querellas criminales en representación de las sobrevivientes. Ello a fin de relevar su voz que por demasiado tiempo ha permanecido silenciada.
Durante décadas miles de sobrevivientes han buscado verdad, justicia y reparación, pero la respuesta ha sido tardía, limitada y en muchos casos ni siquiera ha llegado. Más allá de destacar la reciente sentencia de la Corte Suprema, que confirma algunas condenas por secuestros y “aplicación de tormentos con violencia sexual” cometidos en el recinto denominado “Venda Sexy”, preocupa que la inmensa mayoría de los crímenes permanece impune. La impunidad que caracteriza la violencia política sexual favorece su repetición, como se evidenció durante las manifestaciones estudiantiles de 2011 y en el estallido social de 2018.
De ahí la importancia de reconocer, reparar y adoptar medidas de no repetición. Más allá del trabajo de las organizaciones, colectivos y las sobrevivientes, se requiere un compromiso de todos los poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto para que estos crímenes no se vuelvan a cometer.
Por ello, valoramos que la Cámara de Diputadas y Diputados, haya asumido este 23 de agosto una señal clara y categórica de condena a la violencia política sexual, enfrentando algunas posturas negacionistas respecto a estos hechos. A 50 años del Golpe de Estado es urgente el compromiso con el “Nunca más”, pues no existe ninguna circunstancia que pueda justificar el derrocamiento del sistema político democrático, las violaciones a los derechos humanos ni la violencia política sexual.
Por Camila Maturana Kesten, directora de Corporación Humanas
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.