Si algo han entendido bien los republicanos es que hay que disputar la orientación de los cambios; pero a estas alturas, no dan lo mismo cuáles, cómo y cuándo.
La necesidad de cambios lleva décadas como un aspecto central de la valoración sobre la política y el bienestar. En esa clave, la primera medición de bienestar social en Chile releva los estragos de la desigualdad, como la inseguridad económica y la desprotección, que a su vez se expresan en la falta de oportunidades y en la percepción de inseguridad, vinculadas a vivir en entornos que limitan la realización de las actividades cotidianas. Pero el bienestar también se relaciona con la percepción del tiempo, relevando una valoración generalizada de desbalance en el uso de este, que se acentúa para las mujeres. Estas cuestiones que ya nos deberían parecer evidentes, como componentes del malestar tras un estallido social, son la cancha ineludible en el diálogo -en estos tiempos, más bien, de la mensajería- entre sociedad y política (y viceversa).
Tras las recientes campañas, no quedan dudas de la gran capacidad comunicacional que tienen los republicanos. Sin embargo, y como aprendizaje del proceso anterior, lo que suena demasiado bueno o demasiado fácil, tarde o temprano despierta sospechas. Con la narrativa de preocuparse realmente por las urgencias ciudadanas, nos proponen terminar con el pago de contribuciones por la primera vivienda o, interpretando el descontento con la clase política, disminuir el número de representantes, que en las explicaciones de sus precursores, vaya que desconecta la buena intuición electoral del titular con sus implicancias. Lo mismo sucede con esos ajustes de palabras del “que” a “quien”, o del financiamiento público a financiamiento a secas.
A ratos puede ser complejo referirse a nuestra historia; no obstante, hay experiencias en la vida real tras los cambios que hoy proponen borrar, y que de pronto la “buena” publicidad no puede ocultar. Las tres causales han tenido una implicancia significativa en quienes las ejercen, y asimismo para quienes sabemos que ahí están como opción; la protección del medioambiente, la regulación del financiamiento a la política, el derecho a huelga, que el Estado ante una catástrofe pueda actuar, y tantos más. Ese es el riesgo de que su interpretación de los anhelos de cambios se mueva al pasado y no al futuro: reabrir conflictos que costaron no solo años, sino vidas. Son propuestas de cambios que terminan siendo contrarias a las certezas, a la tranquilidad; cambios que nos entregan al conflicto, a mayor segregación, a vivir con miedo.
Por eso, el futuro del proceso constitucional no puede ser una mirada aislada de la concesión de un punto más o un punto menos; debe ser una mirada sistémica y coherente, que no olvide que cambiar la Constitución tenía sus razones, dispersas y a ratos inconexas, sí, pero sus razones.
Por Camila Miranda, presidenta de NodoXXI
