Columna de Carla Sepúlveda: Reducción de homicidios y plan Calles sin Violencia

Según los analistas, el aumento de los homicidios en Chile todavía está mayormente vinculado a la existencia de bandas criminales, los ajustes de cuentas y la violencia incurrida en el contexto de ese ejercicio criminal. “Todavía”, porque lo lamentable es que, si no se detiene, en el mediano plazo sean cada vez más las personas no involucradas en actividad criminal las que resulten víctimas, ante la expansión de la violencia homicida como mecanismo de solución de conflictos interpersonales.

Suele decirse que las víctimas hoy son víctimas del “crimen organizado”. Un problema central es que el crimen organizado y los homicidios se combaten de diferentes modos. Si la mejor forma de aplacar el primero es limitando sus retornos económicos, las formas de aplacar los segundos son mucho menos claras. Los estudios a nivel latinoamericano -recientemente sistematizados por los académicos Ignacio Cano y Karen Bozicovich- muestran que las únicas políticas que probadamente inciden en la reducción de los homicidios son aquellas que limitan el porte de armas en espacios públicos, la restricción de venta de alcohol (cuando hay evidencia de que las muertes están asociadas al consumo de éste), y las que combinan estrategias de prevención situacional (como recuperación de espacios públicos) con intervenciones policiales en áreas de alta incidencia.

Luego, se muestran como promisorios, pero no probados, los efectos de políticas de limitación a la posesión de armas en general, mejoras en los sistemas de información criminal, y mejoras en la investigación de homicidios.

Siguiendo con Cano y Bozicovich, es interesante resaltar que en un contexto en que es difícil alcanzar conclusiones firmes, como el latinoamericano, la evidencia sí permite concluir qué programas son contraproducentes para la reducción de los homicidios: aquellos que implican patrullaje del ejército y los que apuntan al descabezamiento de los grupos criminales. Esto debería llamar la atención de quienes piden su implementación, al menos para reformular los fines que claman. Es serio el riesgo de que por legislar bajo apuro la situación se vuelva peor.

El Plan Calles sin Violencia se propuso como objetivo principal detener la curva ascendente de homicidios observada en el país desde 2016, y cuyo peak fue en 2022. Si en 2023 se centró en aumentar la presencia policial y mejorar el control y fiscalización en terreno, en 2024 ha sumado el énfasis en mejorar la persecución penal efectiva -entre otras cosas, mediante el despliegue de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH)-. Por lo tanto, el Plan Calles Sin Violencia hace una parte de aquello que probada o promisoriamente contribuye a solucionar una parte del problema. Y esto implica que, en lugar de abandonar el programa, lo que se necesita es moderar las expectativas.

No es posible sugerir un mejor uso alternativo de recursos dada esta distribución de la evidencia de “qué funciona”. De momento, el solo estancamiento y la moderada reducción de los homicidios (de 6,7 a 6,3 por cada 100.0000 habitantes, de acuerdo al Reporte Anual 2023 de Homicidios en Chile elaborado por la Fiscalía) son una buena noticia. Ahora el desafío es sostener y profundizar esta tendencia en el tiempo, incorporando medidas para atacar la otra cara del problema, la del crimen organizado, sin incurrir en aquellas que aumenten los homicidios.

Por Carla Sepúlveda, presidenta del directorio de Rumbo Colectivo y académica Facultad de Derecho UAI